El Congreso de Uruguay aprobó esta madrugada un impuesto al salario de los funcionarios públicos, los cargos políticos y las jubilaciones por encima de los 120.000 pesos (2.700 dólares) que será destinado a crear un "Fondo Covid" para atender la emergencia sanitaria.

El tributo se aplicará durante dos meses y, según el cálculo, se recaudarán unos 11 millones de dólares que se destinarán en la lucha contra el coronavirus.

Tras un debate de 15 horas, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero en la votación en particular el Frente Amplio (FA) apoyó el impuesto a los jubilados y a los cargos políticos, pero no al resto de los funcionarios públicos.

El senador Óscar Andrade, coordinador de la bancada del FA, explicó antes de la sesión que el objetivo del partido es que el impuesto sea "equitativo" entre público y privado.

El senador Alejando Sánchez, del izquierdista Movimiento de Participación Popular (MPP), destacó que el error es que se le pide a los trabajadores " pero no al más rico".

La recaudación mediante este impuesto será destinada al Fondo Solidario Covid-19 creado el 8 de abril de 2020 con el fin de paliar la crisis económica.

En 2020, Uruguay aplicó un descuento similar, pero en salarios superiores a los 80.000 pesos (1.800 dólares), también por dos meses, y recaudó cerca de 30 millones de dólares.