Los pasos fronterizos mostraron ayer un paisaje distinto del habitual. Nadie pasaba. Y para asegurarlo, las fuerzas militares se encargaron de mantener todo bajo control. Además, ante el temor a un nuevo brote, el gobierno prohibió el derecho de reunión y las aglomeraciones. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, señaló este lunes que el cierre de fronteras incluye las entradas por tierra, mar y aire, y admitió que "estas medidas nadie las adopta con alegría, mucho menos en las circunstancias en las que estamos viviendo".

Sin embargo, aclaró que "están determinadas porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados como el derecho a la vida y la salud". En el mismo sentido, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró que debieron "asumir una decisión frente a los intereses en juego aun a costa de poder limitar algún derecho como el de reunión, porque está en juego la salud de la población".

En tanto, desde el Poder Ejecutivo señalaron que la intención es darles "temporalidad" a las nuevas medidas, que en este caso tendrán una vigencia de 60 días y que podrían ser prorrogadas por otros 30. Sin embargo, el cierre de las fronteras se extenderá hasta el 10 de enero, con excepciones como el transporte de carga o correo y el que implique ayuda humanitaria o sanitaria.

También estarán exentos aquellos ciudadanos uruguayos o residentes legales en el país que hayan sacado pasaje antes del 16 de diciembre. En tanto, para el control de las fronteras con la Argentina y Brasil se dispuso de la presencia de 500 efectivos, mientras que los puentes en el litoral oeste sobre el río Uruguay, división natural con la Argentina, estarán vallados.

Tras el anuncio, el ejército dispuso 15 puestos de control en la frontera con Brasil y 10 con la Argentina, a los que se suman los controles de la Prefectura Nacional Naval. Uno de los problemas que el ministro García detalló respecto de la frontera con Brasil es el "fenómeno" de la "vida binacional", en la que ciudadanos viven en un país y trabajan en el otro. En esos casos, aclaró, solicitarán los documentos de identidad y se revisarán los movimientos migratorios.

"Vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley, así que tanto en los 25 puestos de control en todo el perímetro del país como en lo que significa los puentes van a estar cerrados y al tiempo recordamos que están prohibidos los vuelos particulares y todo medio de transporte terrestre y marítimo", advirtió.

Fiestas reducidas

Otras de las medidas que el gobierno se vio obligado a tomar para contener un crecimiento de casos es el de limitar el derecho a reunión. Por eso, el Poder Legislativo modificó el artículo 38 de la Constitución, con lo que trata de evitar aglomeraciones en las fiestas navideñas y en la posterior temporada de verano.

Quienes incumplan la nueva medida recibirán una multa de entre 922 a 30.748 dólares y también se podrá tipificar el delito de desacato. En este marco, el ministro Larrañaga explicó que si bien disuadirán y terminarán con las aglomeraciones, el proceso será gradual y apelarán a que "no se generen las dificultades de una intervención directa de la policía". De todas maneras, anticipó: "Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer".