Es oficial. Este viernes, el Congreso de Perú rechazó el proyecto que proponía que las elecciones presidenciales y legislativas se lleven a cabo en diciembre de 2023 y la asunción del mandatario electo se hiciera en abril de 2024.

Asi las cosas, la iniciativa logró el voto de la mayoría de los legisladores, pero no la mayoría calificada que exigía el proyecto, que implica una reforma constitucional, y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida.

Todo courrió en medio de cruces y gritos, los legisladores parecían tener acordado el voto a favor de elegir en 2023 un nuevo presidente y una nueva composición para el parlamento, pero las diferencias en torno a si se debía impulsar en simultáneo una Asamblea Constituyente terminaron por dividir el respaldo a la iniciativa.

De esta manera, las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

Por su parte, los bloques de Perú Libre, Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático sostenían esa postura.

La cuestión generó tanta polémica que únicamente el fujimorista bloque de Fuerza Popular votó unido, y las demás bancadas, en cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo que dé el visto bueno.

Para viabilizar la primera opción, el jefe del Congreso, José Williams, había extendido ayer el periodo ordinario hasta el 31 de enero, para abrir uno nuevo en febrero y encarar la segunda votación de la iniciativa ahora frustrada.

La sesión marca otra dificultad en el proceso abierto con la destitución de Castillo, el miércoles de la semana pasada, y la asunción en su lugar de la entonces vice Dina Boluarte.

El pasado jueves, el Congreso había escuchado al ministro de Justicia, José Tello; y a los responsables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que hicieran aportes técnicos sobre la viabilidad del adelanto.

El reclamo de elecciones lo antes posible es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia.

El país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamentos y rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos.

En medio de la sesión legislativa, los ministros Jair Pérez, de Cultura, y Patricia Correa, de Educción, presentaron sus renuncias a la presidenta Boluarte, con textos similares en los que rechazaron el uso de la violencia para contener las manifestaciones, según medios limeños.