La muerte de Diego Armando Maradona "hubiese podido evitarse" si no fuera porque los profesionales a cargo de su salud "infringieron los deberes" inherentes a su cargo. Así lo aseguraron los fiscales que entienden en la causa por el fallecimiento del ídolo, en el escrito para pedir sus indagatorias que presentaron ante el Juez 2 de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz.

Los fiscales Laura Marina Capra, Cosme Sebastián Iribarren y Patricio Ferrari se refirieron así a las actuaciones del neurocirujano Leopoldo Luque (39), de la psiquiatra Agustina Cosachov (35), del psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), del enfermero Ricardo Omar Almirón (37), de la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), del coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y de la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).

Los siete están imputados por homicidio simple con dolo eventual, con una pena de 8 a 25 años de prisión. Este cargo es mucho más grave que el de homicidio culposo que se les había adjudicado en un principio y que es excarcelable.

Se prevé que las indagatorias comenzarán el lunes 31 de este mes. Además, los funcionarios judiciales pidieron que se prohíba la salida del país a los involurados en la causa.

Las claves

Una de las claves de la nueva imputación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona, añadieron los informantes.

Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales" y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.

También calificaron al equipo médico como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".

En base a ese informe, los fiscales consideraron que los profesionales imputados "ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función".

La acusación se agrava porque todos ellos se habían "representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era perfectamente conocido al menos por todos los profesionales de la salud antes nombrados".

“Se habían representado el resultado mortal, despreciando el mismo, ya que continuaron con la atención deficitaria en una internación domiciliaria que no era la apropiada", describieron.

También señala que los acusados "infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo, al tiempo que también conocían que sus consortes hacían lo propio, colocaron o colaboraron a colocar un cúmulo de factores y circunstancias notoriamente burdas, incrementando todos los aquí imputados el riesgo por fuera del margen permitido y condujeron al fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse”.

La autopsia determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".