Las negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos vuelven a estar en el centro de atención, con una reunión clave programada para este martes. El encuentro busca destrabar el conflicto salarial que podría derivar en un paro para los próximos días que dejaría a miles de pasajeros del transporte público con la incertidumbre.

La Secretaría de Transporte convocó al gremio y a las cámaras empresarias, como Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), en un intento de evitar una nueva paralización del servicio. La reunión surge luego de un paro sorpresivo realizado este lunes que afectó a miles de usuarios en varias localidades y el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio y buscar soluciones ante el conflicto salarial que mantiene en tensión al sector.

¿Paro de colectivos? Qué ocurre entre la UTA y las cámaras empresarias

El reciente acuerdo salarial firmado tras la conciliación obligatoria establece aumentos progresivos en los sueldos básicos de los choferes: $1.140.000 en noviembre, $1.160.000 en diciembre y $1.200.000 en enero. Sin embargo, este incremento pactado enfrenta un obstáculo central: las empresas de transporte aseguran no poder cumplir con los pagos debido a la falta de ajustes en los costos del sistema.

Hasta el momento no hay una fecha confirmada para la posible medida de fuerza.

El conflicto se centra en las cámaras empresarias de transporte, que argumentan que no están en condiciones de cumplir con los aumentos salariales acordados. Según explicaron, esto se debe a que la Secretaría de Transporte debía ajustar los costos del sistema, pero no recibió autorización del Ministerio de Economía ni para incrementar los subsidios ni para permitir una suba en el precio del boleto. 

Ante esta situación, las empresas afirman que la única salida sería elevar el valor del pasaje a $1.300, una medida que consideran clave para equilibrar los costos operativos, generando un desfasaje de costos que la inflación del 15,5% en ese período agravó. 

Desde el gremio de la UTA, liderado por Roberto Fernández, la postura es firme: los salarios deben pagarse según lo pactado, y no les corresponde involucrarse en la disputa entre las empresas y el Estado. "El riesgo empresarial es de las empresas, no de los trabajadores", declararon, dejando en claro que la responsabilidad no recae sobre los choferes.

La situación genera incertidumbre entre los pasajeros, ya que un paro parece inevitable si no se alcanzan acuerdos. Mientras tanto, la reunión entre las partes se convierte en la última esperanza para evitar un conflicto que complicaría el día a día de miles de usuarios del transporte público.