"Un 12 de agosto de 1977 mi papá, que en ese entonces tenía 26 años, estaba haciendo trabajos de albañilería en Zárate, cuando personas de civil que se presentaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas, se lo llevaron. De ahí no supimos más nada", dijo Gretel Galeano, hija de Julio Eduardo Galeano, detenido y desaparecido en la última dictadura militar, en diálogo con cronica.com.ar.

A lo largo de los años de investigación, surgieron muchas hipótesis acerca del destino que podría haberle tocado a Julio Eduardo. Incluso una de las tantas presunciones indica que podría haber muerto tras ser arrojado de un vuelo de la ESMA (Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada). Sin embargo, aún no hay elementos para determinarlo. "Son todas suposiciones", expresó la entrevistada. 

Desde entonces Gretel levanta las banderas en pedido de Justicia por su papá, y su abuela paterna Beba Galeano, quien falleció en Zárate esperando el regreso de su hijo. "Ni olvido, ni perdón, ni resignación", sentenció Gretel, a horas de un nuevo  24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

A 46 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en la Argentina que dejó miles de desaparecidos, Gretel, al igual que muchas otras víctimas y sobrevivientes, aún esperan que se haga Justicia. Al día de la fecha, a lo largo y ancho de todo el país hay 20 juicios en curso por delitos de lesa humanidad, en tanto otros 65 aguardan fecha de inicio.

En ese contexto, Emanuel Lovelli, coordinador del área jurídica, y abogado de Abuelas de Abuelas de Plaza de Mayo, habló con cronica.com.ar y aseguró que gracias al "empuje" de los organismos de derechos humanos, junto con las víctimas y sobrevivientes, "se está haciendo Justicia en la medida que ha sido posible". Sin embargo, el letrado puntualizó que en muchos otros casos la labor del Poder Judicial "ha sido ineficiente". 

"No se han instrumentado buenas medidas investigativas y el poder Judicial no ha podido amalgamar buenos sistemas de investigación, que sobre todo sean rápidos", aseguró Lovelli quien señaló que "más allá que han habido muchos logros y se condenaron a muchos represores", también "hay muchos represores fallecidos o muy grandes, y víctimas que han quedado en el camino y no llegaron a ser testigos de la materialización de la Justicia". "Entonces resulta insatisfactorio el proceso de Justicia", sentenció.

Cabe destacar que el proceso de juzgamiento hasta que una sentencia quede firme conlleva de un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo. En ese sentido, Lovelli explicó que esto se debe a que se trata de causas muy grandes, que dejan al descubierto una "deficiencia técnica, pero también administrativa y de personal". 

Un largo camino en reclamo de justicia

En 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue el primer represor argentino juzgado ante el Tribunal Oral Federal N 1, en la ciudad de La Plata, por el rol que desempeñó en la Dirección General de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Etchecolatz, fue condenado en un juicio emblemático que comenzó el 20 de junio y finalizó el 19 de septiembre de 2006. 

Cabe destacar que este tipo de delitos tienen una pena que varía en cuanto al grado de participación en el acto criminal. En ese sentido, el abogado sostuvo que en la mayoría de los casos se trata de penas por homicidio que constan de 8 a 25 años de prisión, aunque en caso de tratarse de homicidios agravados, la escala es perpetua. En tanto, la figura judicial por la apropiación de chicos durante la dictadura militar, la escala penal es de 5 a 15 años. 

No obstante, a lo largo de las décadas las investigaciones y los procesos de juzgamiento se fueron transformando. De manera que ya no se basaron en juzgar hechos particulares, sino que las causas se agruparon utilizando como punto de partida los centros clandestinos de detención. 

"Los hechos pasaron a ser investigados de forma colectiva. Por ejemplo en el caso de las Brigadas son tres causas que corrieron en paralelo en la etapa de instrucción, pero cuando llegaron a la etapa de juicio el tribunal decidió unificarlas, y se hizo una gran causa porque había muchas víctimas y responsables en común", explicó Lovelli. 

Asimismo, la aparición de la pandemia de coronavirus "obligó a reconfigurar prácticas en los juicios como consecuencia del impedimento de la presencialidad a la que hubo que readaptarse". "Hoy por hoy en la inmensa mayoría de los debates se instaló la modalidad virtual, o híbrida".

A 46 años del golpe de Estado: el estado actual del proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad en cifras

Según los datos actualizados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el 2006, tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado, 165 personas fueron absueltas. No obstante, desde entonces 764 personas detenidas. En tanto, la prisión domiciliaria se afianzó como el modo de detención.

"La gran mayoría de ellos están con prisión domiciliaria, ya sea los condenados o los que están con prisión preventiva, ya sea por cuestiones de edad o enfermedad, porque son mayores de 70 años", explicó el abogado del organismo de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad. 

Esas cifras surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales.

Entretanto, 542 personas están actualmente procesadas, 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos.

En la actualidad 22 personas se encuentran prófugas de la justicia, desconociendo su paradero. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad hay 764 personas detenidas, mientras que 1532 permanecen en libertad. Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales. Actualmente, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. 

En relación con el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, el informe consigna que el 44 % (es decir, 275) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que el 43 % (273) tuvieron sentencia. En tanto, un 10 % (65) aguardan por el inicio del debate y un 3 % (20) están actualmente en juicio.