Una médica fue detenida en Salta por practicarle un aborto a una chica de 21 en la semana 22 de gestación. Tras más de siete horas de privación de libertad en el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal, fue liberada luego de una ola de pañuelazos de organizaciones feministas al grito de "ahora, ahora, resulta indispensable, liberen a la médica, el Estado es responsable". La profesional se desempeña en el hospital Juan Domingo Perón.

La reacción de la gente fue dividida en redes sociales, algunos defendieron el accionar de la doctora y otros lo condenaron.

La historia es la siguiente: resulta que la tía de joven fue quien denunció a esta profesional de la salud por realizar dicha práctica el pasado 24 de agosto. La demoraron en la mañana de este viernes en dicho juzgado, que se encuentra a cargo de Fernando Mariscal Astigueta.

Frente a esta situación, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir pidió por su libertad, acompañada de diversas concentraciones. Cristian Villagra, abogado defensor, confirmó que la doctora quedó imputada penalmente. Recordemos que la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) está permitida hasta la semana 14, salvo en caso de violación o peligro de la vida y salud de la gestante.

"Esta mañana detuvieron a nuestra compañera, única médica no objetora de conciencia de Tartagal y todos los pueblos del norte de nuestra provincia. La denuncian por homicidio pero lo que llevó a cabo fue una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo la causal de salud integral", señaló Verónica Cuevas, referente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta.

"En los últimos días de agosto la médica llevó a cabo una ILE en un caso de una persona mayor de edad, de 21 años, que tenía 22 semanas de gestación. Aunque el procedimiento sólo necesita de la firma de un médico, aquí intervino un equipo psicosocial que acompañó a la persona, una consejería”, explicó.

“Alguien del Hospital Juan Perón filtró la información sobre el procedimiento a la familia de esta chica, y esa familia hizo una denuncia por homicidio. La fiscalía ordenó la detención por esa denuncia que hizo la familia, no la persona gestante que, por otro lado, debió realizar el procedimiento sin el acompañamiento de sus familiares, por lo que suponemos que ahora mismo debe estar bajo cierta coerción o presión", añadió Cuevas.

Por su parte, Rambert Ríos, quien representa legalmente a la tía de la joven, se presentó en el hospital para expresar la versión de su defendida."La chica fue con intenciones de practicarse un aborto pero al estar ahí y ver su estado de gravidez, de 22 semanas y 2 días, desiste del procedimiento y le pide a la médica que desista de la práctica. Aún así, se le indujo un parto, la bebé nació con vida y apareció en una bolsa de basura como residuo patológico. En la causa consta el testimonio de la enfermera que encontró el feto", aseguró.

Además, añadió que la ex gestante no pudo declarar en la causa porque “no está en condiciones de hacerlo. Intenta hablar y llora, está de duelo. Suponemos que declarará martes o miércoles". Sumó también que la médica está imputada por el inciso 2 del artículo 85 del Código Penal, el cual se refiere a realizar un aborto con el consentimiento de la persona pero más allá de la semana 14. “Pasado ese tiempo para que sea una ILE tiene que mediar alguna causal y acá no había ninguna causal", manifestó el letrado. El delito implicaría una pena excarcelable que puede ir desde los tres meses al año de prisión.

En cuanto al gobierno nacional, la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, comentó que “tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE (interrupción voluntaria del embarazo), amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso".

Recordemos que la Le. 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, especifica en su artículo 4, que las mujeres y personas con “otras identidades de género” con capacidad gestación, tienen derecho a decidir acceder a este tratamiento hasta la semana 14. Fuera de este plazo, solo podrá hacerse en caso de excepciones: que el niño haya sido producto de una violación o que estuviere en peligro la vida de la persona gestante.