Al cumplirse este jueves un año de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Ministerio de Salud de la Nación y las organizaciones que acompañaban la iniciativa difundieron las primeras cifras oficiales sobre la implementación de esa legislación en el país.

Así, destacaron que la cantidad de hospitales y centros de salud públicos que garantizan el acceso a esa práctica creció un 30% en el último año y que la línea gratuita de Salud Sexual recibió en 2021 más consultas por este procedimiento a comparación de la última década.

Esos datos fueron brindados días atrás por las ministras de Salud, Carla Vizzotti, su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.

Las cifras oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una implicación de la oferta de un 30% en el último año.

La línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación, por otro lado, recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información del Ministerio de Salud indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

A un año de la maratónica sesión en el Senado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó a través de un documento que la Ley 27.610 "es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos" que "cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado".

Y valoró que "es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos".

Además, exigió "la efectiva implementación de la ley", ya que -según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran la organización federal- el acceso al derecho al aborto "es desigual en todo el territorio nacional".