Durante el pasado mes de marzo, el Congreso debatió el acuerdo alcanzado por la administración de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). Sin embargo, en medio de la sesión, manifestantes violentos comenzaron a arrojar objetos contundentes al edificio legislativo. Lo más llamativo y mediático del caso fueron los piedrazos al despacho de Cristina Fernández de Kirchner.

Lo concreto es que, a menos de un mes del hecho, la Justicia pudo individualizar a seis de las personas involucradas. Esto fue posible gracias a las imágenes provistas tanto por las cámaras de seguridad como por los diferentes canales de televisión. En adición, la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial, el cual, por supuesto, facilitó las cosas.

En medio de la sesión para tratar el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional ( FMI), manifestantes violentos arrojaron piedras al Congreso

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés. Todos ellos se encuentran bajo los delitos de “intimidación pública” y “daño calificado”. Además, se les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.

"En las circunstancias señaladas, a partir de las 15:00 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de 'gomeras' elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad", detalló Capuchetti en el fallo.

Partidos de izquierda y organizaciones sociales marcharon el 10 de mayo para mostrar su descontento con el acuerdo. 

"De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública", añadió en las 66 páginas que escribió, en donde además consta material fotográfico clave.

Por su parte, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por la Directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la cámara alta.

Recordemos que el episodio ocurrió el pasado 10 de marzo, mientras la Cámara de Diputados sesionaba el acuerdo con el FMI, el cual finalmente fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y ratificado por el presidente Alberto Fernández.