Luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivara parcialmente la causa por el denominado "vacunatorio vip" de dosis contra el coronavirus en la sede del Ministerio de Salud de la Nación y en el Hospital Posadas, hoy la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el expediente.

De esta manera, los jueces del tribunal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar a un planteo que presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez. En tanto, el fiscal natural Eduardo Taiano había resualto no apelar la decisión de la jueza de primera instancia.

La jueza Capuchetti había distinguido entre dos grupos de vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. Entre los primeros se encontraban el personal de salud, el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo o comorbilidades. En esa línea, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté tipificado en el Código Penal.

El archivo parcial de la causa implicó a 65 personas, sobre un total de 70 vacunadas. Entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios.

Los fundamentos de la Cámara

Por su parte, en su decisión de hoy el Tribunal consideró: “No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio”.

Los camaristas plantearon que, dada la limtada cantidad de dosis que se dispuso en los primeros meses de 2021, "ningún grupo se habilitó abiertamente. Incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 -aun con personal de la salud pendiente de vacunar- y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)”.

En duros términos, los magistrados preguntaron “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?".

"Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”, agregaron.

Además, Bruglia, Bertuzzi y Llorens cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. “La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido”, indicaron.

A continuación, ampliaron su argumento sosteniendo: “La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado- siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal".

Para los camaristas debe investigarse “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.

“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, añadieron.

“Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, concluyeron lso tres magistrados.

La causa judicial tiene como imputados, entre otros, al ex ministro de Salud Ginés González García y a su sobrino Lisandro Bonelli, exfuncionario de dicha cartera, ahora deberá ser profundizada.

La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá volver a incluir a los 65 casos restantes, entre ellos al presidente Alberto Fernández, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez, periodistas como Verbitsky y empresarios.