El secretario de Educación, Carlos Torrendell, anticipó el martes ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y deslizó que habrá aumentos para las universidades públicas, pero evitó dar mayores detalles como cuáles serán los nuevos montos y los plazos en que se girarán.

Torrendell sólo ratificó que este mes aplicarán una nueva suba del 70% sobre los gastos de funcionamiento, la segunda en tres meses, luego de la masiva marcha universitaria del mes pasado contra el desfinanciamiento del sector.

El funcionario planteó que su cartera no está en condiciones de trazar un horizonte de previsibilidad presupuestaria para lo que queda del año -como exigen las universidades- y que el Gobierno solo otorgará aumentos a cuentagotas.

"Señores diputados, dependemos que ustedes sancionen una ley que nos dé previsión presupuestaria de aquí a fin de año. Estamos en una situación de emergencia", sostuvieron los rectores presentes en la comisión, luego de que Torrendell se retirara.

Antes, el funcionario había dicho que se está "progresivamente aumentando el presupuesto, no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable".

Varios bloques opositores ven posible avanzar en breve en un dictamen que establezca una ampliación presupuestaria para lo que resta del año, si el Poder Ejecutivo no garantiza dar mayores garantías.

Los rectores universitarios recordaron que en los primeros cinco meses las universidades ya agotaron sus respectivos presupuestos anuales para cubrir los gastos corrientes.

"Esta situación no da para más. Tenemos que dictaminar de inmediato", planteó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, buscando apurar lo que podría suceder la semana próxima.

Fue así que lo cruzó el diputado libertario Nicolás Mayoraz: "Entiendo la urgencia, pero cuando hablamos de previsibilidad debemos ser honestos a la hora de reclamarla ya que en años anteriores nadie hizo ese planteo. La autonomía universitaria no debe ser un coto sagrado sobre el cual no se rinden cuentas. Es legítimo que se estudie el financiamiento, pero también es legítimo el reclamo de la ciudadanía sobre cómo se gastan esos gastos públicos".