El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció este martes en la Cámara de Diputados que, desde septiembre próximo, el Gobierno nacional dejará de subsidiar los medios púbicos de traslado en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, como las líneas de colectivos.

"A partir del mes que viene, las jurisdicciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires se van a tener que hacer cargo del boleto integrado, que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas", adelantó Mogetta al participar de una reunión de la comisión de Transporte.

El funcionario del Gobierno de Javier Milei precisó que “el Estado nacional pagaba el 98% de los costos de los trenes y el 92% de los costos en colectivos del AMBA”. 

“Nosotros nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado; sobre todo las líneas de colectivos que son privadas y requieren de ingresos propios y legítimos para administrar su transporte”, manifestó Mogetta.

No obstante, aseguró que el Gobierno nacional continuará subsidiando a los 5,3 millones de pasajeros que reciben la Tarifa Social con $25.000 millones por mes.

 Esto implica que se seguirá aplicando un descuento del 55% en el precio del boleto a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades de todo el país en las que está implementado el sistema SUBE.

¿A cuánto podría irse el boleto de colectivo en el AMBA?

En el caso que los Estados porteño y bonaerense no aporten lo que subsidiaba el boleto de colectivos la Nación, el pasaje podría ubicarse en el AMBA entre los $1.350 y $1.400, según cálculos de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA). En la actualidad, con la SUBE registrada, el pasaje cuesta $270 para el tramo de 0 a tres kilómetros.

En junio último, el Índice Bondi, elaborado por esa entidad, arrojó que el boleto sin el aporte estatal debería costar $1.317. De ese monto, el Estado aportaba $860. En tanto, la pérdida de las empresas era de $390 debido a que los costos reconocidos, a partir de los cuales se envían los fondos, fueron menores a los reales en $54.367 millones.