El juez federal Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado contra la AMIA, a pedido de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa.

Lijo dispuso declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado "Temática: AMIA la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores".

Se trata de un documento conocido como "Informe Toma", elaborado durante la gestión al frente del área de inteligencia de Miguel Ángel Toma, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Ese documento "fue un elemento de prueba abordado en el primer juicio celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3", recordó el juez Lijo.

El juez dispuso también "intimar a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo nacional al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del decreto PEN N°213/20", firmado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Ese artículo dispuso la formación de una "mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos".

Lijo también recogió la preocupación de las querellas por la conservación de elementos de prueba recolectados a lo largo de estos 30 años de "investigación". En ese sentido, ordenó "una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo".

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