“Lo primero que vamos a plantear, además del proyecto del cambio de la Ley de Seguridad Interior, es que vamos a enviar al Congreso la llamada ley antimafias. Esto tiene su origen en el código de ley antimafia italiano", apuntó Bullrich y recalcó que “un punto muy importante es que la pena por el delito más grave por el que se cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”.

En tanto, con la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que fue adelantada por el presidente Javier Milei en una entrevista con Crónica HD, Petri advirtió que “la situación en la ciudad de Rosario es crítica”.

“Estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior", confirmó el titular de Defensa.

Sobre la iniciativa, explicó que "a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales, los intereses de la patria, inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar autorizadas a realizar tareas de seguridad interior, como patrullajes, control de personas y vehículos y control de flagrancias”.

A su vez, Petri afirmó que las acciones que tengan las Fuerzas Armadas contra el terrorismo “no van a ser punibles porque van a ser consideradas como cumplimiento del deber”.

Otros proyectos

Bullrich, por su parte, también se refirió a otros tres proyectos con modificaciones a leyes que serán enviadas al Congreso: legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN  y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.

Sobre la legítima defensa, precisó que se planteó el cambio de un artículo para “cambiar la idea de que los policías son los victimarios” y resaltó que, con este cambio, los efectivos policiales podrán utilizar el arma reglamentaria a cualquier hora del día y se contemplará si el disparo se ejecuta cuando “se va alejando el delincuente”. “No pueden dejarlo suelto, es su obligación”, enfatizó.

También adelantó un cambio importante en términos legales. “No vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes que cometieron un delito y que después las familias y el agresor van contra el Estado Nacional. No podemos permitir que los victimarios se hagan las víctimas”, justificó.

Piquetes

Asimismo, Bullrich defendió el incremento de las penas para aquellos que organicen piquetes ya que le permitirá al Gobierno “que no se explote a la gente y que le permita independencia y libertad al resto de las personas”.

Desde el Gobierno buscarán modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

En tanto si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

El Gobierno también apunta a crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

En este marco, propondrán además sancionar los bloqueos con una pena de 4 a 6 años. 

Ley de ADN

También se anunciaron modificaciones en la ley de registro de ADN. “Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, va a tener una prueba y va a estar en un sistema. Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas. Esto no solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas de las causas”, consideró.