El ex presidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan. Sin embargo, el trámite fue suspendido por el juez subrogante Martín Bava.

Según explicó el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, el juzgado federal de Dolores no contaba con el relevamiento del secreto de Inteligencia, por lo que Macri no estaba autorizado a declarar. Ahora se espera una nueva citación a indagatoria.

Qué dijo el abogado de Macri tras suspenderse la indagatoria

“Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, explicó Lanusse.

 “No hay fecha para la nueva indagatoria, porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”, agregó el letrado.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación, ya que el pedido debe hacerse ante el presidente Alberto Fernández. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y Bava hizo lugar. La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

Macri llegó a las 10.30, a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren. A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno".

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

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