El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales se intensifica con la inminente marcha convocada para este miércoles, que promete ser tan multitudinaria como la del pasado 23 de abril. Docentes, estudiantes y organizaciones políticas se movilizarán horas antes de que el presidente Javier Milei firme su segundo veto total, esta vez contra la ley de financiamiento universitario.

La Secretaría de Educación, en una reunión paritaria realizada el jueves pasado, ofreció una recomposición salarial del 5,8%, sumado al 1% de aumento ya previsto para octubre. 

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los gremios docentes, quienes aseguran que los salarios perdieron un 50% de poder adquisitivo desde la asunción de Milei. 

Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, la solución pasaría por la creación de una “comisión técnica” que analizaría los números antes de una nueva actualización salarial. Esta comisión fue convocada para el 7 de octubre, pero los sindicatos no confían en el mecanismo, exigiendo una solución inmediata.

Los gremios, entre ellos Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fatun y FagDUT, denuncian que las propuestas del Gobierno no son suficientes para compensar la pérdida salarial. A su vez, desde el Gobierno explicaron que “el rechazo no solo frustra un avance salarial histórico, sino que deja en evidencia los intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos”.

La movilización del miércoles estará marcada no solo por el reclamo salarial, sino también por la oposición al veto presidencial. La Casa Rosada tiene tiempo hasta el jueves para oficializar el veto a la ley de financiamiento universitario, que establece la actualización de los presupuestos destinados a las universidades públicas, con ajustes bimestrales en función de la inflación. 

De no publicarse el veto en el Boletín Oficial para el viernes, la ley quedaría promulgada de hecho. No obstante, el Gobierno parece decidido a impedir que eso suceda.

La movilización generó preocupación en sectores del oficialismo, que ven en este movimiento una nueva prueba de las tensiones con la comunidad educativa. A pesar de las críticas, el Gobierno busca minimizar el impacto del veto. 

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Desde Educación, el secretario Carlos Torrendell afirmó que existen problemas de transparencia en las universidades, señalando que "hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no se sabe si están inscriptos en alguna materia o no".

A la protesta se sumarán la CGT, las dos CTA, la UTEP, así como referentes políticos como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura. "El 2 de octubre vamos a estar en la Plaza de los Dos Congresos con Kicillof y nuestra querida Universidad de San Martín a la cabeza", publicó Katopodis en la red social X.

El Gobierno, mientras tanto, se prepara para mantener su postura de ajuste fiscal. A pesar de la caída en las encuestas, atribuidas en parte al aumento de tarifas y transportes, confía en que el veto no afectará gravemente la imagen de Milei. "El veto es total", escribió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reafirmando la decisión de avanzar con la medida.

A pesar de los esfuerzos por desactivar la movilización, que incluyeron una oferta de aumento salarial del 6,8% para docentes y no docentes de las universidades, el Gobierno no logró evitar la protesta. Esta medida volverá a poner a prueba el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.