La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial designó un interventor judicial a la empresa Correo Argentino SA y dispuso elevar a la Corte Suprema la causa en la que investigan supuestas anomalías en el acuerdo de pago de un deuda de 70 mil millones de pesos de la firma al Estado nacional, en el marco de un concurso de acreedores.

El Correo había hecho una propuesta de pago, que incluye la quita del 98% de la deuda de 70 mil millones de pesos, pero la Procuración solicitó a la Justicia un plazo no menor a 120 días para pronunciarse al respecto.

La Cámara rechazó esa pretensión y el cuerpo de abogados insistió, en una resolución firmada por las juezas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, en la existencia de una situación de "gravedad institucional", por la cual el tribunal concedió el recurso.

 La investigación en curso apunta al vaciamiento de la empresa con el objetivo de evitar el pago de la deuda, en caso de una eventual resolución de la causa. 

Por su parte, la jueza de primera instancia Marta Cirulli resolvió designar a un coadministrador del Correo Argentino SA, que está a cargo ya de los síndicos del concurso de acreedores.

Según determinó Cirulli, Correo Argentino ocultó información sobre su real estado patrimonial en lo referente a deuda po- concursal. La investigación en curso apunta al vaciamiento de la empresa con el objetivo de evitar el pago de la deuda, en caso de una eventual resolución de la causa. 

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A fines de agosto, la Cámara Federal porteña había avalado la investigación en la causa del juez Ariel Lijo, quien dispuso un peritaje sobre la situación del Correo para determinar si la gestión para la condonación casi total de la deuda fue un ejercicio abusivo por parte de las autoridades nacionales.

En la causa, están imputados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y al abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.

Estos acusados habían cuestionado el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era supuestamente desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.