El Gobierno Nacional y el de la Ciudad no llegaron a un acuerdo en la audiencia privada convocada ayer por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la demanda por la quita de fondos a través de un decreto del Ejecutivo Nacional en 2020.

A la audiencia asistieron el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras la audiencia, que fue a puertas cerradas, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Maqueda y Carlos Rosenkratz instaron a las partes a llegar un acuerdo en un plazo no mayor a 30 días.

Los jueces les informaron al ministro del Interior y al jefe de Gobierno que semanalmente deberá ser informada ante el Tribunal sobre cómo se va llevando a cabo esa negociación.

De no llegar a un acuerdo, los magistrados le advirtieron que emitirán un fallo sobre la situación.

La pelea entre ambos estados es por dos vías, aquella que apunta al inconstitucionalidad de la ley de coparticipación promovida por la Ciudad, y la otra parte un amparo presentado por Rodríguez Larreta para frenar la quita de fondos que viene.

Por la Ciudad asistieron Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; el Procurador porteño, Gabriel Astarloa; y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo DïAlessandro; en tanto que por Nación lo hizo De Pedro junto al subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, entre otros.

La Ciudad argumentó que por la quita de puntos de la coparticipación le representó tan sólo este año unos 120 millones de pesos.

Por su parte, la Nación insistió en que la transferencia de recursos para la policía que hizo en su momento Mauricio Macri fue casi el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos. Desde la administración central se señala que la Ciudad nunca se sentó a la mesa de diálogo con el argumento que ha elegido la vía de la judicialización y no se pudo discutir el monto de fondos que se le entregaron cuando se transfirió la Policía.

En tanto, desde la Ciudad aseguran que fueron discriminados puesto que no son considerados a la par de una provincia. También afirman que la quita de puntos de participación afecta su independencia.