La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para avanzar en la investigación de distintas irregularidades que se habrían cometido en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue a la Corte Suprema iniciado por ese cuerpo en febrero pasado.

Tras escuchar los testimonios en torno al fallo de la Corte Suprema de aplicación del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, la comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá a partir de las 13 para avanzar en el análisis de las causas vinculadas a supuestas irregularidades en la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

El cuerpo citó a Aldo Toñon, ex director de la obra social y hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda; a la contadora Melisa Solana (Ospjn); a la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; al contador Gustavo Montanini (docente de la UBA) y a los trabajadores de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.

La Ospjn presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con lo que consignó Télam, las denuncias sobre las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial alcanzan a todos los integrantes de la Corte, es decir Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Maqueda, ya sea por la comisión de delitos, de acuerdo a las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones.

"Seguramente que esa comisión directiva de esas autoridades sindicales ya estaría presa, enjuiciada y se hubiera enterado toda la Argentina, pero cuando son ellos cuatro, cuando son el Poder Real, no hay una noticia en ningún diario", afirmó la diputada del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley, quien integra la comisión de Juicio Político.

La legisladora se expresó en estos términos el jueves último durante el acto realizado frente a Tribunales para manifestarse en contra de la "proscripción y la persecución judicial" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión, se buscará comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.

También se investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre " groseras" irregularidades en la registración contable, así como un "incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control".

Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.

Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.

Seguí el vivo el debate en la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema