En el marco del juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, desde los tribunales de Nueva York ultiman detalles del monto que plantean que el Estado argentino debería abonarle a Burford Capital, la empresa financiera que denunció una quita de acciones sin pasar por la instancia de Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Con un proceso judicial que ya lleva ocho años de duración, en los próximos tres días se estarán llevando adelante las audiencias comandadas por la jueza norteamericana Loretta Preska, quien resulta ser la sucesora del magistrado Thomas P. Griesa, y que falló contra Argentina el pasado 31 de marzo, En el auditorio se plantea que la cifra que debería abonar el Estado argentino podría rondar entre los 4900 y 16000 millones de dólares.

La información proveniente de la prensa norteamericana asegura que Preska considerará, para tomar una decisión del monto final, la fecha en que Argentina adquirió el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, sumada a la tasa de interés que se defina a partir de la demora que llevó actualizar la indemnización.

Vale destacar que la defensa y el recurso de apelación nacional estará a cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, por lo que deberá realizar una labor más que destacada para acortar una diferencia económica de hasta 11.100 millones de dólares en el monto final que se está discutiendo.

Dicha diferencia resulta de la discusión por el abono de la tasa de interés, donde Argentina considera que no debería pagar ningún tipo de tiempo por cada unidad de capital invertido, mientras que Burford reclama un 8%, que podría equivaler a un monto aproximado de 7600 millones de dólares.

Cabe recordar que la demanda se inició en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las compañías del argentino Grupo Petersen, titular de un 28% de las acciones de YPF al momento de ser expropiadas, y desde entonces transitó todas las instancias judiciales en Estados Unidos.

Dicho fondo buitre ratificó que, el 16 de abril de 2012, el Ejecutivo se apropió de las acciones de YPF, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación y se decretó la designación de un interventor del Ejecutivo que sacó al directorio de la empresa.

Sin embargo, las autoridades nacionales apuntan a que el 7 de mayo de 2012 tuvo la potestad de obtener los derechos políticos y económicos de las acciones, una vez en vigencia la conocida Ley de Expropiación 26.741. De hecho, ratificaron que a partir de la sanción de la norma se pudo obtener legalmente "el 51% de las acciones de YPF que antes tenía Repsol".

En definitiva, si la justicia dictamina en detrimento de Burford Capital, sólo podría recibir 5000 millones de dólares por parte del Estado argentino. Caso contrario, si la corte decide que el país sudamericano pague los intereses que el fondo reclama, una suma cercana a los 16000 millones de dólares irían a las arcas del organismo por la demanda del 28% de las acciones de YPF.

Para contextualizar, en lo que figuraba en la ley del año 1993 durante el mandato de Carlos Menem, Argentina podría adquirir una porción de YPF, pero para eso se comprometía a realizar una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. Lo que reclama Burford es que el Ejecutivo adquirió un 51% de los títulos de la firma, en su mayoría de Repsol, pero que jamás inició la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sin consultar a los demás accionistas de la petrolera, lo que consideraron una jugada perjudicial.