Tras el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández, contra el ministro de Salud, Ginés González García, ahora salen a la luz varias denuncias y casusas judiciales que funcionario tiene en su contra, las cuales muchas de ellas están ligadas a cuestiones a las vacunas contra el coronavirus.

El escándalo surgió cuando el periodista Horacio Verbitsky dijera que, gracias al contacto de amistad que tiene con el ministro de Salud de la Nación, pudo vacunarse antes de lo que el protocolo de vacunación lo permite con la Sputnik V.

Una de las primeras denuncias en contra de Ginés la presentó hace unos meses el diputado radical José Cano, junto con una serie de compañeros de su bancada, quien presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el ministro de Salud de la Nación, "por mal desempeño de sus funciones y por comprometer la salud de los argentinos".

La bancada radical sostuvo que desde que comenzó la cuarentena en marzo, el ministro se contradijo "no solo en la compra de insumos, sino también en la presentación de datos falsos".

En la presentación del juicio político, los diputados radicales reprochan que, "el Gobierno Nacional y especialmente el Ministerio de Salud, no logró que las negociaciones con el único laboratorio que ha logrado tener una vacuna que completara con éxito la Fase III de ensayos clínicos, que es Pfizer, llegaran a buen puerto, y hoy nos encontramos con que la Argentina no ha logrado firmar un contrato con este laboratorio, a diferencia de los principales países, tanto de la región latinoamericana como del mundo".

Adulteración de medicamentos oncologicos

Otro acercamiento que tuvo González García con la Jusitica es cuando fue a declarar como testigo en la causa por la "adulteración de medicamentos oncológiocs". Si bien Ginés no fue imputado en la causa, sí fue llamado a declarar en calidad de testigo, cuando se desempelaba como embajador argentino en Chile en 2011.

En ese sentido, el expediente involucró a distintos empresarios del sector farmacéutico y a gremialistas a cargo de las obras sociales sindicales. En los primeros años de la investigación el caso tramitó en el Juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, que lo elevó a juicio y luego fue tomado por el juez federal Sebastián Casanello.

A pesar de que González García nunca fue imputado, ni procesado en este expediente, el ministro intervino en la causa, no como imputado, ni llamado a prestar declaración indagatoria, sino como testimonial en enero de 2011, cuando Oyarbide lo citó.