"La obra pública se termina, no tenemos plata". Apenas habían transcurrido cuatro días desde su triunfo en el balotaje presidencial y Javier Milei dejaba en claro una de las ideas que pretendía llevar adelante en su gestión.

A seis meses y medio de su llegada a la Casa Rosada, el Gobierno confirmó días atrás que discontinuará, postergará sin fecha precisa o transferirá a las provincias unos 2.000 proyectos que estaban en ejecución tras el cambio de mandato. Sólo continuará con fondos nacionales un 15% del total de las obras de infraestructura.

El freno aplicado por la administración libertaria golpeó con fuerza a la industria de la construcción. De hecho, el sector aparece en el tope de las estadísticas como el que absorbió la mayor parte del ajuste fiscal y la recesión que se profundizó en los últimos meses. En abril pasado, presentó un derrumbe del 24,8% interanual, indicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) dado a conocer el último viernes por el Indec.

Los ejecutivos hablan de cierre de empresas y los dirigentes gremiales, de despidos. El secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, advirtió que se perdieron 130.000 puestos de trabajo en el rubro. "Sin obra pública no hay destino; no es gasto, es inversión. Esto no es ideología. Esto es lo que nosotros buscamos. Construir es una palabra positiva. Es construir valores, son condiciones materiales y el buen vivir. Si no hay diálogo, no hay fuerza política que pueda resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina", aseguró Martínez en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

El freno a la obra pública que dispuso el Gobierno, afectó severamente a la industria, especialmente al sector maderero que vio una caída del 40% en su actividad.

El escenario va más allá de este sector y preocupa también a la industria maderera. Según confiaron fuentes del sector a Crónica, la actividad cayó entre 35% y 40% en lo que va de este año. Y a corto plazo no proyectan un rebote en "V", tal como suelen decir desde el Ejecutivo, sino una recuperación en "L".

"El 70% de la madera que se despacha de la región del Noreste Argentino (NEA) a los centros urbanos de nuestro país es para obra pública. y este parate genera un bajo consumo. Además, la obra privada tampoco está siendo muy determinante y el tipo de cambio no resulta beneficioso para la exportación a Estados Unidos y Centroamérica, que son nuestros principales mercados. La demanda cayó muchísimo y este pareciera ser el nuevo panorama", explicó Román Queiroz, vocal titular primero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) y ex titular de la entidad.

Impacto negativo

El derrumbe de la actividad ya genera efectos colaterales en el sector. "No se produjeron despidos fuertes, pero cada empresa tomó su medida. Por ejemplo, hay menos horas trabajadas. Antes había lugares en los que, de lunes a sábado, se trabajaba nueve horas por día en cada turno. Ahora los turnos son de seis horas por turno, de lunes a viernes, o de lunes a jueves. Se redujo la jornada la jornada laboral y eso repercute en salarios más bajos", detalló el dirigente empresarial a este diario.

En la Argentina, de acuerdo con datos oficiales, las extracciones forestales provienen de bosques cultivados en el Litoral. Allí, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones explican el 92% de la producción de madera comercial. A su vez, la producción forestal en base a bosques nativos se destaca en Chaco, Formosa y Santiago del Estero y, en menor proporción, el este de Salta.

El freno en la obra pública obligó a que el sector maderero redujera las jornadas laborales.

Las actividades primarias son la silvicultura y la extracción de madera, mientras que las industriales abarcan la fabricación de muebles, carpinterías e insumos para la construcción, como ventanas y encofrados.

En Misiones, destacaron fuentes del sector, la industria maderera representa el 40% del PBI. "Es muchísimo y la crisis que atraviesa esta industria se ve reflejada en la caída de la recaudación", dijeron a Crónica. "Cañada de Gómez (Santa Fe) es el polo mueblero más fuerte del país y allí la caída también fue estrepitosa", agregaron.

La sanción definitiva del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Cámara de Diputados fue seguida de cerca por esta industria en los últimos días. "En el corto plazo no vemos que pueda generar efectos, pero cuando empiecen a venir inversiones de afuera, que son importantes para el desarrollo de la industria, queremos competir con las mismas armas. Si llega una multinacional y recibe altos beneficios impositivos, ese será el principio del fin para las pymes madereras, porque no vamos a poder competir", consideró Queiroz. "Para colmo, son industrias que usan muy poca mano de obra, porque tienen tecnología de punta y muchos procesos están mecanizados", agregó.

La falta de una política industrial, en tanto, asoma como otra de las razones que preocupan a este rubro. "No vemos ninguna política a favor de la industria nacional por parte de este gobierno. En las gestiones anteriores había un norte industrial. Ahora importa tan poco que casi no se conoce quién es el secretario de industria de la nación", concluyó Queiroz.