Este lunes, el Gobierno Nacional vetó de forma total la ley de movilidad jubilatoria. Según explicó el Poder Ejecutivo, luego de que el proyecto sea sancionado en el Congreso, la medida aprobada sería un golpe a las cuentas fiscales, dado que pondría en riesgo el superávit y el plan económico del Gobierno.

Tal y como había anticipado el presidente Javier Milei, se oficializó el veto a la mejora en las jubilaciones que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso. La confirmación fue incluida en el decreto 782/2024, publicado en este lunes en el Boletín Oficial.

Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno sostuvo que ese “gasto extra” para las arcas estatales se traduciría en un gasto que no estaba proyectado en el Presupuesto de este año de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de unos $15.430.000.000.000 para el próximo año.

“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración. La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, destacaron.

En tanto, desde el Gobierno señalaron que “el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”. En ese sentido, desde el oficialismo recalcaron que esta nueva ley, que recomponía en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contenía una nueva fórmula de movilidad, “Condena a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.

El veto, que fue publicado esta madrugada, fue firmado por el presidente el viernes, tras reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada. El mismo lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por último, en el DNU, el oficialismo argumentó que “la crisis del sistema previsional argentino no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelta”, y responsabilizó a los gobiernos anteriores por ello y en especial a la estatización de las AFJP durante la gestión de Cristina Kirchner. Asimismo, destaca lo establecido en el Pacto de Mayo, firmado en julio por 17 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, “el cual establece como segundo principio el ‘equilibrio fiscal innegociable’”.