El Gobierno nacional explicó hoy las razones detrás de la derogación del DNU firmado por el ex presidente Alberto Fernández, que generó un escándalo en torno a las contrataciones de seguros. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado, argumentó que el esquema impulsado por Fernández era “grotesco” y estaba “impregnado de corrupción”.

“El Decreto 747/24, firmado hoy por el presidente Javier Milei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios otorgados a Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”, expresó Sturzenegger a través de las redes sociales.

El ministro describió la medida implementada por Alberto Fernández durante su presidencia como “nefasta”, ya que obligaba a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Detalló varias irregularidades que están siendo investigadas judicialmente, señalando que el sistema era tan “grotesco” que requería la intervención de un “broker” para manejar una obligación legal.

El Gobierno avanzó con la derogación tras descubrir un presunto esquema de corrupción que podría involucrar al ex presidente Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria de Fernández. Se alegó que este esquema incluía ventas de pólizas a otros organismos estatales a precios inflados.

El artículo 1 del nuevo decreto elimina la obligatoriedad de contratar seguros del Estado y revisará los fondos destinados a contratos actuales y pasados. Las entidades públicas tienen un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado.

El decreto establece nuevas medidas para prevenir favoritismos en contrataciones y exige procesos de licitación o concurso para los acuerdos entre partes. Solo se permitirá una excepción para contratos con entidades del Sector Público Nacional cuando no haya otros proveedores disponibles.

Además, se otorga un año a los ministerios y organismos para dar de baja las pólizas vigentes bajo la normativa anterior, con la opción de prorrogar contratos hasta agosto de 2026 si es necesario. La Oficina Nacional de Contrataciones será responsable de gestionar y revisar las nuevas contrataciones.

El decreto también anula otras normativas de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo los decretos que obligaban al Estado a pagar sueldos a través del Banco Nación y a adquirir combustibles y servicios de empresas estatales.