El Gobierno nacional giró esta jornada a la Cámara de Diputados un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a los trece años y establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Además, establecería una pena máxima de 20 años y prohíbe la reclusión perpetua.

De esta manera, el oficialismo asegura que es "necesario" bajar la edad de imputabilidad porque “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes".

"Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”, indicaron desde La Libertad Avanza.

Como bien se informó, los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el pasado 28 de junio esta iniciativa, cuando aseguraron que hay un aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal.

Cabe detallar que el proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Sin embargo, se estima que no será sencillo el tratamiento, ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso.

Este proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Luego, se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. 

Dentro de los fundamentos, el Gobierno señaló que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega el texto.

Y en ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".

Finalmente, subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.