Este miércoles, el abogado constitucionalista, Manuel García-Mansilla (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,) defendió ante la Comisión de Acuerdos del Senado su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya expresó su postura sobre el valor de la alternancia en el poder, la dolarización y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

Cabe recordar que es uno de los dos candidatos propuestos por el presidente de la Nación, Javier Milei para reemplazar la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda en el tribunal, en diciembre.

En esta línea, el miércoles pasado Ariel Lijo, el otro es juez federal expuso ante la Comisión.

Acá la primera parte, previo al cuarto intermedio

García-Mansilla comenzó su exposición pasadas las 10 y al presentarse detalló su recorrido en el ámbito académico y en el derecho privado.

De esta manera, recordó que vivió en diferentes provincias porque sus padres trabajaban en la administración de Parques Nacionales, situación que le permitió conocer las diversas realidades del país con sus "distintas costumbres".

Además, contó su primera experiencia laboral en un estudio jurídico, donde arrancó como repartidor la correspondencia y tuvo, como última misión, ya ejerciendo el derecho, "salvarle la casa a una señora mayor jubilada". 

Según el letrado, la experiencia de esos años le "permitió ver la profesión desde la calle".

Al respecto de lo judicial, para el académico, indicó que: "Los jueces tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, aplicando el derecho vigente tal como ha sido sancionado por el Congreso y respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas; y no apelando a sus convicciones personales siendo de índole moral, política y religiosa".

Luego, enfatizó: "Los jueces no pueden aplicar sus convicciones a la hora de decidir casos concretos. Fomentar ese comportamiento anómalo es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución les impone a ellos".

Antes de culminar y dar paso a las preguntas de los legisladores y la ciudadanía aseguró que su única aspiración, en el caso de llegar a la Corte, es la de "servir" a la Argentina de tal manera que, al momento que le toque terminar con esas funciones, sus compatriotas lo "recuerden como un juez que obró con integridad, independencia e imparcialidad".

En esta parte, quien realizó la primera consulta fue Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza (LLA), quien anteriormente se mostro “combativo” ante el pliego de Lijo.

Así las cosas, Paoltroni le fórmulo a García-Mansilla una de las preguntas que le hizo a Lijo sobre la alternancia en el poder y sobre el postulante de la jrnada se excusó por la causa abierta pendiente de resolución que se tramita en la Corte Suprema sobre la reelección indefinida. 

Aunque, al respecto sostuvo que la "reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno".

En tanto y como no podía ser de otra manera el tema “dolarización”, volvió a estar entre las preguntas y quien la hizo fue Martín Lousteau, senador y titular de la Unión Cívica Radical, que también le consultó lo mismo días atrás a Lijo y que García-Masilla ya había sentado precedentes no jurídicos, sino académicos.

Mientras que su respuesta fue: "Publiqué dos trabajos sobre el tema. Tenía que ver con un momento durante la campaña presidencial donde era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto. Planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional".

Y agregó: "Puede ser constitucional o no dependiendo de cómo se haga. Es el Congreso de la Nación el que puede tomar esa decisión. Mi rol hasta hoy es académico; y los académicos tienen una obligación de contribuir al debate público sumando argumentos. En ese momento, me pareció que obturar una discusión y desecharla de plano no era correcto.

Más tarde, sobre el aborto, tema por el cual el letrado se expresó negativamente durante las audiencias públicas del 2018, y que fue interpelado por Lousteau y la senadora de kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que, para hablar de tema, es importante -en su criterio- "separar entre legalización y penalización".

Por lo tanto, prosiguió: "Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando". 

Al continuar dijo: "Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones. Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías".