El gremio CONADU Histórica convocó a los docentes universitarios a un nuevo paro y movilización el próximo jueves 5 de septiembre, la misma jornada en que se trataría en el Senado de la Nación el proyecto de Ley de Financiamiento.

Así lo establecieron luego del Plenario de Secretarías Generales realizado este miércoles 28 de agosto. Desde el gremio ratificaron el apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y exigieron a los senadores la aprobación de la normativa. 

Asimismo, informaron las acciones que llevarán adelante en los próximos días y que culminará con una concentración masiva en la plaza de los Dos Congresos el 5 de septiembre, día en que se debate el proyecto. También convocaron a un paro nacional de 24 horas en todas las universidades del país en apoyo a la ley.

De esta manera, junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales, coordinan medidas de lucha y pasaron a un cuarto intermedio para el próximo lunes 2 de septiembre. 

Por otro lado, el próximo viernes 30 de agosto, el gremio participará en el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Santa Rosa, con el objetivo de seguir coordinando esfuerzos con otras instituciones y sindicatos en defensa del sistema universitario.

Desde el gremio docente, remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario es de vital importancia para la defensa de la Universidad Pública y mejorar las condiciones salariales.

Presentan una cautelar para suspender la aplicación del impuesto a las Ganancias 

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 27743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que reinstauró el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y “bajo el concepto de que el salario NO es ganancia”, la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) presentó la semana pasada en el fuero laboral una medida cautelar de solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Bases.

El objeto de la cautelar es que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, se abstenga de aplicar la ley a la comunidad docente universitaria.

Todas las universidades nacionales empleadoras del Convenio Colectivo de Trabajo, incluida la UBA, formaron parte del listado de destinatarias de la orden en caso de eventual decisión favorable. Entre los argumentos se manifestó la violación de derechos a la igualdad, la intangibilidad salarial y la progresividad de derechos. Se hizo reserva, además, en derechos constitucionales y en instrumentos de derechos humanos y convenios de la OIT.