La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su profunda preocupación por el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, advirtiendo que implica un "gravísimo ajuste" para la educación pública. 

Según el comunicado emitido por la junta ejecutiva de la entidad, la propuesta presupuestaria refleja una pérdida del 50% en el valor real de los fondos destinados a programas educativos en comparación con los recursos asignados en 2023.

El ajuste, señalaron, afecta a todos los ítems del presupuesto, eliminando por completo iniciativas como el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el mejoramiento de la calidad educativa. 

Además, programas esenciales como la formación docente sufrirán una reducción del 63%, la construcción de jardines de infantes un 59%, las becas estudiantiles un 64%, y la infraestructura y equipamiento escolar caerán un 69%.

CTERA advirtió que estas medidas vulneran el derecho a la educación de millones de estudiantes y agravarán las ya difíciles condiciones del sistema educativo. "La degradación del Ministerio de Educación a Secretaría por parte del actual gobierno fue el primer paso en un brutal ajuste y desfinanciamiento, que ahora se profundiza con este proyecto de ley", denunciaron.

El comunicado de los docentes también destaca la gravedad de la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el cumplimiento de leyes clave como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Esto último, explicaron, elimina la obligación del Estado de destinar un mínimo del 6% del PBI a la educación y afecta el financiamiento progresivo para la ciencia y tecnología, comprometiendo objetivos a largo plazo que debían alcanzarse en 2032.

"Es muy grave que el Gobierno esté dispuesto a gastar recursos en la SIDE, en la compra de aviones de guerra o en viajes privados del presidente, mientras ajusta y desfinancia todo el Sistema Educativo", señalaron desde CTERA.

La organización docente instó al Estado a aumentar el financiamiento para la educación pública, tanto a nivel nacional como provincial, para garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. "La educación pública no se vende, se defiende", concluyeron, reafirmando su compromiso con la lucha por más escuelas, becas estudiantiles, mejores salarios y una formación docente accesible y de calidad.

El ajuste propuesto, agregaron, afecta a todos los sectores de la educación y compromete la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población, que ya enfrenta grandes dificultades debido a las políticas económicas del gobierno actual.