La Cámara Federal confirmó la prisión preventiva para dos de las personas que habían sido detenidas durante los incidentes ocurridos el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, tras la represión policial en la manifestació contra la sanción de la Ley Bases. También dispuso que otras dos personas sigan procesadas, aunque podrán permanecer en libertad mientras se desarrolle el trámite.

La medida fue dispuesta por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que revisaron los fallos en primera instancia dispuestos por la jueza federal María Servini. La magistrada dejó libres por falta de mérito a 28 de las 33 personas detenidas por las fuerzas de seguridad y la semana pasada la Cámara agregó a otra más a ese listado.

Los que permanecerán en prisión son Patricia Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez. La primera aparece en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad incendiando bicicletas del sistema Ecobici de la Ciudad. El segundo fue registrado prendiendo fuego en tachos de asura y arrojando objetos contundentes a la Policía.

En el caso de De la Cruz Gómez, además, se informó que registra antecedentes de sentencias de condena dictadas por diferentes tribunales y en orden a distintos delitos, como robo, hurto, daños, amenazas y lesiones, entre otros, pesando declaraciones de reincidencia en su contra.

Para ambos, los jueces de la Cámara Federal dictaron la prisión preventiva bajo los cargos de daño agravado y atentado a la autoridad. 

En tanto, el tribunal dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, para Daniel Sica, acusado de agredir a la agente Romelia del Carmen Villafañe, que sufrió traumatismos varios; y para Cristian Valiente, por arrojar piedras y objetos contundentes y encontrársele en su poder una granada de mano. A los dos se les sindica atentado contra la autoridad, aunque en el caso del primero en forma agravada.

“No hace falta demasiado esfuerzo argumental para advertir que no hay ningún vínculo entre el derecho a protestar y conductas como las descriptas. A lo primero lo reconoce la Constitución Nacional. A lo segundo lo reprime el Código Penal", expresó el juez Martín Irurzun a la hora de argumentar su decisión.

La quinta persona que había permanecido detenida, Facundo Gómez, fue excarcelada la semana pasada y ahora la Cámara también le dictó la falta de mérito. Según el tribunal, si bien en las imágenes aparece saltando una valla, dos testigos presenciales de su detención declararon que Gómez no había participado de los incidentes, que “estaba sentado en la valla hablando por celular” y que hizo “gestos con la mano interpretándose para que paren de arrojar elementos”.

Detenidos en los incidentes del Congreso: cuál fue la acusación

Así como se redujo la cantidad de gente que había quedado detenida (las fuerzas de seguridad encarcelaron a 33 personas), también cambió sustancialmente la gravedad de los cargos.

En un primer momento, el fiscal Carlos Stornelli los acusó de “lesiones, daños simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.

Para ello, Stornelli usó como base el comunicado emitido por la Oficina del Presidente que aludía a la marcha como un "intento de golpe de Estado". Todos esos cargos fueron desechados por la jueza Servini y también por la Cámara Federal.

Por esas detenciones "al voleo", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Gobierno argentino.