Javier Milei consiguió una contundente y sorpresiva victoria en las PASO, logrando la mayor cantidad de votos. “Daremos fin al kirchnerismo y a la casta política, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno”, declaró en su búnker luego de la victoria.

Entre sus propuestas como presidente, se encuentran la privatización de la salud, la educación y las empresas del Estado, la reforma judicial y la eliminación de la obra pública.

Qué ministerios son los que quiere eliminar

En su primer párrafo de la presentación formal, el candidato de La Libertad Avanza acusó al estado argentino de ser la principal causa de empobrecimiento. Por este motivo, propone una reforma total del estado eliminando la mayoría de los ministerios.

Su plan consiste en quedarse solo con siete y agregar uno. Se quedaría con el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura, agregando Capital Humano.

Sumado a esto, tiene la intención de eliminar todas las jefaturas de gabinetes de todos los ministerios, secretarías y direcciones. Efectivizar el área de control de gasto público, eliminar todo tipo de privilegios para el personal del estado y privatizar las empresas públicas como el INCA o INADI.

Reformas económicas

Como menciona en el texto, debido a “un modelo económico que centraliza todas las decisiones económicas de los individuos en las manos de unos burócratas, que casualmente terminan siendo millonarios”, Javier Milei propone un modelo de medidas secuenciales que incluyen:

• Una reducción drástica del gasto público con impacto del 15% del PBI, siendo la primera tarea a cumplir.
• Una reducción del 90% de los impuestos.
• Una modernización laboral para que los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan beneficiarse del mismo.
• Una apertura comercial unilateral, para producir bienes de mejor calidad o precio.
• La eliminación del Banco Central con rescate previo de sus pasivos para favorecer una dolarización de la economía mediante un sistema de libre competencia de monedas.
• La quita de subsidios económicos a las empresas con una posterior suba de tarifas a los usuarios.
• La promoción de un régimen de inversiones con foco en minería, hidrocarburos, energías renovables y otros. Eliminando restricciones cambiarias y el cobro de derechos de exportación.
• La quita del cepo.

Reformas judiciales y de seguridad

El candidato a presidente considera que la justicia es uno de los tres poderes del estado, y su funcionamiento es indispensable para la vida democrática. Para conseguir esto, dentro de su plan, propone el nombramiento de un ministro de justicia que sea un miembro especial dentro del organismo, promover la independencia económica absoluta del poder judicial y buscar transparencia en la misma.

En relación con los temas de seguridad, su premisa es “el que las hace, las paga”, por lo tanto, se le devolvería el apoyo político a las fuerzas de seguridad para que estas puedan cumplir con su función esencial.

Dentro de la seguridad nacional, se reformarían de las leyes de seguridad interior, de defensa nacional, de inteligencia y del Sistema Penitenciario Nacional. De la misma manera, se buscaría “priorizar la lucha contra el narcotráfico” y “detener las ocupaciones de tierras”.

Capital Humano

“Los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son víctimas del estado” declaró en el texto. En relación a esta afirmación propone una reforma total en los ministerios de salud, desarrollo social, trabajo y educación, uniéndolos en uno solo llamado “Capital Humano”, donde se privatizaría el sistema de salud, la educación y se aspiraría a eliminar la asistencia social directa.

En cuanto a los niños y las familias, se busca implementar un programa de protección de ingresos, que tendrá la intención de mitigar la pobreza extrema. Asimismo, se generarían planes de nutrición, programas de educación para padres y políticas para la integración de personas con discapacidades, entre otras cuestiones.

Infraestructura

En materia de infraestructura, se propone una “revolución” basada en dos esquemas fundamentales para aumentar el desarrollo y evitar la corrupción:

En el primer caso, se implementaría la eliminación total de la obra pública estatal. En el segundo esquema, se promovería un programa nacional de fomento a los fideicomisos, urbanización, infraestructura vecinal y construcción al costo.