por Damián Juárez

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La pelea respecto de si las clases tienen que ser presenciales o remotas ante la segunda ola de la pandemia la terminará de definir la Corte Suprema, en un fallo que puede ser inminente o demorar algunos días.

Como la Ciudad recurrió al máximo tribunal, el Gobierno nacional tendrá que presentar a principios de la semana sus argumentos para fundamentar el decreto presidencial 241, que limitó la presencialidad durante dos semanas y hasta el 30 de abril.

Los argumentos del Estado corren por parte de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, que esgrimirá ante los jueces supremos que la restricción buscó proteger la salud de los habitantes ante la pandemia.

También dirá que el gobierno porteño ahora cuestiona las decisiones del Presidente, cuando las avaló durante todo el año pasado.

Hasta el momento, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires amparándose en un fallo de la Justicia local.

En tanto, el Gobierno nacional exige que las clases sean remotas, como marca el decreto de Alberto Fernández, y afirman que su postura está además avalada por el fallo del juez federal Esteban Furnari.

Estas dos posiciones antagónicas serán las que tenga que dirimir el tribunal supremo, al que en realidad le gustaría que haya una salida política a la situación.

Hay quienes sostienen que la Corte no debe fallar respecto de si las clases tienen que ser o no presenciales, sino decidir respecto del grado de autonomía que tiene la Ciudad para tomar decisiones en casos como este, donde se contradicen sus deseos con lo que marca la Casa Rosada.

Posturas enfrentadas

En el último tramo de la semana, las posiciones se mantuvieron sin cambios.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, expresó: "No somos criminales. No somos asesinos con nuestros propios hijos. No queremos mandar a la gente a enfermarse. Pero hoy la evidencia nos dice que podemos tener las escuelas abiertas".

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, renovó sus cuestionamientos al gobierno porteño por no respetar el DNU  para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, que llegó antes de lo previsto. "El problema no es lo que ocurre dentro del aula, sino la circulación de las personas de la comunidad educativa", reiteró. Y sentenció: "El tiempo va a establecer la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) en el crecimiento de casos" .

En el acto de Rosario del último viernes, el Presidente manifestó a su vez que, cuando tomó la decisión de suspender la presencialidad en Capital y el conurbano, "fue producto de haber visto que en los últimos 20 o 30 días habían crecido los contagios de menores de 19 años por encima del 200 por ciento".

La puja por las clases también tuvo su capítulo legislativo, en el Congreso de la Nación y en la Legislatura porteña.

En el Parlamento, el oficialismo aprobó en comisión los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente, en un intento de condicionar a la Corte.

El mensaje al máximo tribunal es claro: los decretos tienen aval parlamentario.

Desde Juntos por el Cambio dijeron que la votación de esa comisión bilateral, que emitió un dictamen, no era válida por cuestiones formales.

En la Legislatura porteña, en tanto, el Frente de Todos presentó una iniciativa par que se suspendan automáticamente las clases presenciales si hay más de 200 casos semanales de contagios cada 100.000 habitantes, como hacen otros países del mundo.

Actualmente, la ciudad triplica esa cifra con más de 600 casos cada cien mil habitantes.