El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa en la que investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

El magistrado también le ordenó al Ministerio de Capital Humano que elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores. Su existencia había sido denunciada por una investigación periodística la semana pasada y reconocida por el Gobierno.

Belliboni fue citado para el 15 de junio y el juez adoptó la decisión después de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas, en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente".

El juez determinó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".

Basó su apreciación en "la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos". "Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", subrayó.

Según Casanello, esa "maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal".

En el cronograma de las indagatorias está previsto que Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches deberán presentarse el 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper, el 12; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli, el 13; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez, el 18; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma, el 19; Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz, el 15.

Casanello advirtió sobre "una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores".

"La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado", cerró el juez.

Informe y entrega de alimentos de “modo inmediato”

El juez federal, por otra parte, le ordenó al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución. El magistrado lo dispuso ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La existencia de comida sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística y admitida por el Gobierno. Hay al menos cinco millones de kilos de alimentos destinados para comedores que fueron comprados durante el gobierno de Alberto Fernández y aún no fueron distribuidos.

Casanello le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".

El juez también solicitó "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".