Avanza la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación. El juez federal Julián Ercolini ordenó nuevos procedimientos contra uno de los brokers considerados cercanos al ex presidente Alberto Fernández, uno de los imputados en la causa denunciada por el Gobierno de Javier Milei.

Se trata de Héctor Martínez Sosa, un broker financiero de vínculo cercano con el ex presidente, quien también es esposo de María Cantero, la ex secretaria privada del ex mandatario durante su presidencia.

La Justicia ordenó once allanamientos en domicilios del intermediario que presuntamente participó en la contratación de pólizas para organismos estatales a partir de un decreto firmado en 2021, del cual se están investigando 45 convenios.

Se investigan las posibles intervenciones de una de las compañías de Martínez Sosa en el acuerdo con 19 organismos estatales para cobrar millonarias comisiones, como por ejemplo Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía Federal, Ministerio de Seguridad y Cancillería.

Lo que se investiga es el rol del empresario en la cantidad de contratos asignados durante los años de gestión del ex mandatario.

Causa Seguros: más detalles del caso

Por otra parte, la Cámara Federal ordenó el levantamiento de la inhibición general de bienes de Fernández como al resto de los imputados.

Vale destacar que el ex mandatario había pedido apartar del caso al juez Ercolini, justificando el "temor de parcialidad" al existir una "tensión política-judicial", tras un vínculo entre ambos que "se fue diluyendo con el paso del tiempo".

La denuncia inicial en la denominada "Causa Seguros" la hizo la abogada Silvina Martínez, quien acusó penalmente al ex mandatario y al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En tanto, el Gobierno nacional presentó una denuncia por la causa de los seguros en la ANSES, caratulada como administración fraudulenta. Según el fiscal Ramiro González, hubo "perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES' (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)".

El Ministerio de Capital Humano y la ANSES solicitaron al juez Ercolini ser querellantes en la causa y que todos los ex funcionarios involucrados en el caso sean investigados por "fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".