El próximo miércoles 27 de marzo se realizará la audiencia pública solicitada por Aysa al Gobierno para definir los aumentos que se aplicarán en la tarifa del agua. En caso de resultar aprobado, las subas alcanzarían hasta un 209% en el mes de abril. 

Los incrementos que propone Aysa para el servicio de agua y cloaca en la provincia de Buenos Aires pueden variar de acuerdo al sector, aunque se mantendría la segmentación vigente.

El objetivo es reducir la dependencia de los subsidios, que se suma a las subas implementadas con el mismo fin en las tarifas de luz. No obstante, la Tarifa Social se mantendría para los mismos grupos de beneficiarios.

En la actualidad, el programa de Tarifa Social se aplica en 131.538 hogares. Se estima que el gasto en este programa sea de $39.687 millones en 2024, beneficiando a 250.000 hogares, aunque no se informó aún si se modificarán los requisitos.

De acuerdo a la solicitud de Aysa, desde mayo, se aplicaría una fórmula de actualización basada en la evolución de salarios, índice de inflación mayorista del INDEC y el IPC minorista.

El objetivo del Gobierno es continuar con la reducción de los subsidios en los servicios y el transporte. Se estima que el recorte de ayuda estatal para el agua será de $440.000 millones a precios actuales.

Según el nuevo esquema tarifaria en el servicio de Aysa, los usuarios que pertenecen al Zonal alto que abonan una tarifa de $6236 en marzo pasaría a $19.269 en abril.

Aquellos que integran el Zonal medio y reciben una boleta de $5.663 pasarían a pagar $17.500 en abril. Mientra que los del Zonal bajo con una tarifa de $4.551 en marzo, abonarían $14.062 en abril.

En el caso de usuarios residenciales que cuentan con servicio de agua -sin cloaca-, las tarifas pasarían de $9.962 a $30.784 en abril.

La audiencia pública en la que se definirán las nuevas tarifas de CABA y 26 distritos del territorio bonaerense será el miércoles 27 de marzo y se llevará a cabo por videoconferencia. Tendrá una transmisión en vivo a través una plataforma de streaming para garantizar la participación ciudadana.