Tras conocerse que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Intenacional (FMI) dio luz verde al acuerdo para refinanciar el préstamo de US$45.000 millones que tomó el país en 2018, cuando el ex presidente Maurcio Macri estaba en el poder, el gobierno y el organismo establecieron una hoja de ruta de política económica que durará dos años y medio.

La misma es un programa Extended Fund Facility (EFF), cuyos papers incluyen metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central y de acumulación de reservas, y también proyecciones de inflación, un esquema de suba de tarifas y recorte de subsidios y menciona la posibilidad de desarmar de manera paulatina los controles cambiarios.

1) Déficit fiscal: 

Se trata de los objetivos de variables económicas que deberá cumplir el Poder Ejecutivo para poder acceder a los desembolsos trimestrales. Estos incluyen un horizonte de recorte del déficit primario, que debería ser de 2,5% del PBI este año.

El memorándum, dice: “Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PIB crezca 3,5-4,5% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% - 2,25% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales”.

2) Reservas:

Lo que se proyectó es un recorte a la asistencia del BCRA al Tesoro hasta 1% del PBI y acumulación de reservas por USD 5.800 millones. A lo largo de todo el programa deberían sumarse unos USD 15.000 millones.

3) Subsidios y tarifas: 

El Gobierno llamará a una audiencia pública para presentar la nueva segmentación de tarifas. a partir de junio. “Para usuarios residenciales, los ajustes estarán guiados por la tasa de crecimiento promedio de los salarios (coeficiente de variación salarial, CVS)”. El programa prevé como meta reducir el gasto en subvenciones a la energía en torno de 0,6% del PBI.

4) Cepo cambiario: 

Se formulará una estrategia basada en las condiciones para “relajar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital”. En ese sentido, según una hoja de ruta prevista en la letra chica del acuerdo, la elaboración y publicación de ese plan para desarmar el cepo cambiario y convertirlo en controles “macroprudenciales” debería estar terminado a fin de este año. “Tenemos previsto trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios describiendo las condiciones necesarias y los objetivos, también en vista a apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado internacional a partir de 2025″, concluyó el texto.

5) Revalúo inmobiliario: 

En coordinación con los gobiernos de las provincias, la Casa Rosada completará el proceso de actualización de tasaciones de propiedades a nivel federal para que puedan empezar a entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Tendría impacto en la recaudación de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen de carácter nacional.

“Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado este viernes al Congreso.

Transacciones financieras, desembolsos y jubilados:

Desde el ministerio de Economía afirmaron que “no está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, tampoco aumentar los que ya se aplican (referencia al impuesto al cheque). Nuestro objetivo está centrado en promover una mayor inclusión financiera y ampliar el alcance de los servicios financieros, en particular los medios de pago electrónicos”.

Con respecto al primer desembolso, con todo aprobado, el primero sería de 7.000 millones de DEGs: “al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI”, lo que implicaría un primer giro de 9.700 millones de dólares, lo que alcanzaría para cubrir los vencimientos a pagarle al organismo en los próximos tres meses y del que quedaría un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central.

En cuanto a tema jubilados, el Gobierno prometió hacer un estudio que “describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, focalizado en los regímenes especiales de pensiones así como en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Desde la administración de Alberto Fernández niegan que esto implique una reforma previsional.