La Justicia realizó 27 allanamientos a dirigentes sociales como parte de una causa por supuesta extorsión y coacción a beneficiarios de planes que inició por una denuncia del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich a partir de los llamados anónimos realizados a la línea 134.

Los operativos fueron dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los denunciados fueron dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y los allanamientos fueron realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Entre los investigados figuran integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y el FOL que administran comedores populares, informaron desde el Gobierno. 

La investigación

La investigación está basada en los llamados anónimos realizados a la línea 134, dispuesta por la gestión de La Libertad Avanza para que los beneficiarios de planes hagan denuncias de las presuntas amenazas de dirigentes piqueteros para que asistan a las marchas.

Desde el Gobierno aseguraron que las denuncias fueron “ratificadas ante sede fiscal” y los denunciantes “aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión”.

Según indicaron desde el oficialismo, de acuerdo con la pesquisa los denunciados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

Aseguraron, además, que la instrucción determinó que había “elementos suficientes” para efectuar 27 allanamientos y se determinó “el secuestro de los dispositivos electrónicos” de los investigados ya que “la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.

Desde el Gobierno también aseveraron que “del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente”. Además, señalaron que se habría acreditado que los denunciados “desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente”.

Precisaron que en los allanamientos “secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”.