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En la previa al comienzo del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados donde se emitirá dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo , los legisladores que empujan su sanción trabajan en introducir modificaciones que permitirán la mayoría en la Cámara de Senadores , la instancia más difícil para lograr convertirlo en ley.

Según compartieron fuentes parlamentarias con crónica.com.ar , en la Cámara baja estudian cambios clave que inclinarían la balanza en la Cámara alta a favor del proyecto que se complementa con la iniciativa del Plan de los 1000 días, de asistencia y cuidado integral a la embarazada.

El plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos) -, Penal -encabezado por Carolina Gaillard- , Salud -por Pablo Yedlin - y Mujeres -por Mónica Macha - se reunirá a partir de las 16.30 para revisar el texto y emitir dictamen. Concluída esta etapa, el proyecto se debatirá mañana desde las 11 en una sesión maratónica en el recinto que concluiría el viernes.

En este tramo del recorrido parlamentario del proyecto, se avanza en acordar dos cambios: la cláusula de objeción de conciencia institucional (es decir, las clínicas religiosas privadas podrán no realizar IVE al objetar “objeción de conciencia” de manera institucional) con la condición de garantizar la práctica y el traslado en otro hospital o clínica de la paciente sin dilaciones; y el acompañamiento por un tutor o tutora mayor de edad a niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años cuando decidan interrumpir el embarazo,

Otro de los ajustes que se barajó aunque sin acuerdo (según se supo antes de que se emitiera dictamen) fue la posibilidad de bajar el plazo para la realización de la práctica de 10 a 3 días, desde que la persona gestante lo solicita. 

La diputada Moreau adelantó ayer que durante el plenario de hoy el oficialismo podría avanzar "en algunos cambios a la iniciativa". El objetivo trascendió este mediodía: esa apertura para realizar modificaciones aseguraría los votos en el Senado, donde no logró aprobación en 2018.

Aquel año, la primera vez que la iniativa llegó al Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo, a cargo de Mauricio Macri, no contó con apoyo mayoritario del bloque oficialista, es decir, Juntos por el Cambio, hoy oposición. Dentro del peronismo, hubo votos en contra pero la mayoría votó a favor.

El escenario actual en Diputados es de casi 129 votos a favor asegurados, que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa. En concreto, el denominado sector 'verde' contabiliza 124 afirmativos, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.

"El Gobierno nacional está trabajando para que sea ley. Ese es el compromiso que asumimos desde el Poder Ejecutivo y en especial desde este Gobierno. No nos limitamos a habilitar la discusión como se hizo en 2018", aseguró la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dos días atrás. 

Cambios en el proyecto de aborto legal

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

En la propuesta se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si fuere resultado de una violación, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.

En el texto original se habilitaba la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no se admitía a nivel institucional. Este es el primer cambio que se analiza por estas horas, antes de emitir dictamen. Es decir, que aquellos establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan excusarse y garantizar la derivación de las pacientes a otras instituciones. 

La segunda revisión es sobre el acompañamiento obligatorio de las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años cuando se realicen un aborto, una cuestión con legislación vigente según el Código Civil.

El tercer ajuste de relevancia, aunque con pocas posibilidades de prosperar, es  bajar el plazo para la realización de la práctica (de diez a tres días) desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita. 

Por su parte, mañana a las 11 será la primera sesión presencial desde que se dispusieron en marzo las restricciones por la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno nacional para achatar la curva de contagios por la pandemia de coronavirus.

El nuevo tratamiento de la iniciativa se dará a dos años del histórico debate realizado en Diputados cuando se aprobó con una ajustada mayoritariamente y luego fue rechazado en el Senado. Esta vez, según promete el oficialismo, será ley.

Por FG