La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), Cristina Caamaño, expresó que la documentación que encontró en ese organismo sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan habían quedado "en una computadora de Mar del Plata porque nadie se ocupó de decir que se destruya".

"El encargado de la delegación de Mar del Plata destruyó un montón de cosas y dejó firmado que destruía por orden del superior. Ahora está procesado y el disco (rígido que contenía los documentos) que quedó del ARA San Juan quedó de casualidad", contó en declaraciones a Radio Cooperativa.

En ese sentido, señaló que no sabe "si fueron escuchados ilegalmente los familiares del ARA San Juan", aunque sí consideró un hecho comprobado que entre los allegados que frecuentaban a las familias había un informante o 'topo' de inteligencia que se encargaba de pasar información, y que eso "le sirvió" al entonces presidente Mauricio Macri.

"No se terminan de entender las motivaciones, ¿Qué podría hacer un grupo de familiares de 44 submarinistas que quedaron atrapados? Es dramático y tremendo porque solo le iban a pedir al Presidente que busque al submarino: no era gente peligrosa desde ningún punto de vista y la ley de Inteligencia lo prohíbe claramente", subrayó.

En líneas generales, Caamaño se quejó de la falta de organización que encontró en la Agencia cuando asumió como interventora. "No hay base de datos ni hay trazabilidad. Si me piden documentación tengo que saber dónde la tengo que ir a buscar, saber de dónde salió y cómo se consiguió, y entregarla de manera formal. Prácticamente no había base de datos", dijo.

También apuntó a la política de "carpetazos" que daba origen a causas judiciales que de a poco fueron cayendo. "Cada juez tenía su espía amigo", dijo Caamaño sobre el período 2015-2019 y agregó que esas causas eran armadas ""no solo por la corporación judicial sino por los grupos económicos y medios hegemónicos".

La interventora reveló también que en el organismo se comprobó la existencia de "un convenio entre el Servicio Penitenciario Federal, firmado por (el exdirector de ese organismo) Emiliano Blanco, y (el exdirector general de la AFI entre 2015-2019) Gustavo Arribas", por el cual la central de espías "le aportaba tecnología al Servicio Penitenciario" y los efectivos que controlan las cárceles, cual contraparte, le pasaban la información. "A partir de ese convenio se cableó el penal aunque nosotros, por supuesto, lo dimos de baja", completó.