En el marco de la causa judicial que se lleva adelante por presuntas contrataciones millonarias irregulares de seguros de vida —durante la gestión de Alberto Fernández—, el Gobierno nacional solicitó ser querellante en la investigación por la designación de "intermediarios injustificados".

En ese sentido, tanto el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitaron al juez Julián Ercolini ser parte de la investigación, aportando testigos y archivos fundamentales para avanzar con la causa que investiga a los intermediarios de Nación Seguros S.A.

Los organismos estatales pidieron que sea investigado el ex director general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Federico Alejandro D'Angelo Campos, con el peritaje de su firma que permitió la "injustificadamente designación de intermediarios" para la contratación de coberturas de vida de Nación Seguros, y además "abonando comisiones en perjuicio del erario público".

En tanto, desde la actual administración denunciaron que el ex funcionario de la ANSES "ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados".

En un tramo de la denuncia presentada por autoridades de la ANSES, sostuvieron que se llevaron adelante contratos de seguros "alegando una supuesta 'falta de costo' para el estado, se designaron de forma arbitraria y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo, sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros".

Cabe destacar que desde Capital Humano se pidió que todos los ex funcionarios involucrados en la causa sean investigados por "fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

En la causa figura el nombre del ex presidente Alberto Fernández, denunciado por la administración de Javier Milei e imputado por la Justicia, por permitir —bajo decreto— que todos los organismos del Estado tramiten sus pólizas únicamente por Nación Seguros, tercerizando el negocio con la intervención de brokers privados que cobraban millonarias comisiones.

La denuncia inicial, planteada por la abogada Silvina Martínez y revisada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, también involucra al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

La abogada denunció penalmente que "Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un bróker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $300 millones mensuales".