Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) marcharán este miércoles a la Plaza de Mayo, en protesta por las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y por la aplicación del nuevo protocolo contra las protestas sociales en la vía pública. La medida fue ratificada en una conferencia de prensa que los principales referentes del sector realizaron este martes frente al Congreso.

"Seremos miles de trabajadores. Esta es la primera movilización. No los vamos a dejar ajustar", dijo el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. "Vamos a enfrentar al plan de ajuste de Javier Milei. Vamos con todo por nuestras reivindicaciones", expresó. El dirigente se quejó de que el congelamiento de los planes sociales que anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, significa "su desaparición, porque frente al proceso inflacionario no hace falta que los den de baja, en un mes y medio no existen más".

Belliboni también aseguró que en los comedores populares el gobierno no está entregando los alimentos que había prometido. "Hay compañeros que comen una vez al día", se quejó.

La movilización unirá el Congreso con Plaza de Mayo y servirá también para recordar a las víctimas de la represión ocurrida durante la revuelta social de 2001, de la que en estos días se cumple otro aniversario. En paralelo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizará este jueves un "feriazo" en la Plaza del Congreso "contra el brutal ajuste económico del gobierno".

La realización de la marcha generó gran expectativa después de las advertencias formuladas por el gobierno nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, amenazó con dar de baja los planes de ayuda a aquellos beneficiarios que participen de la movilización.

Protocolo cuestionado

La marcha también será una prueba piloto de cómo procederá el gobierno ante las protestas callejeras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un protocolo en el que está estipulado la participación conjunta de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria para evitar cualquier interrupción de la vía pública, incluso cuando haya calles alternativas para el tránsito.

Si bien todavía no se puso en marcha, el protocolo ya despertó quejas y recursos judiciales. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió a través de una cautelar que se suspenda su aplicación "hasta que se resuelva el fondo de la cuestión", pero la jueza federal María Servini fue declarado incompetente y giró el recurso al fuero en lo contencioso y administrativo.

También hubo presentaciones en el mismo sentido de otros sectores de izquierda y de referentes de derechos humanos, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, distinguido con el premio Nobel de la Paz. De la misma manera, la CGT y la CTA pidieron la intervención "urgente" de la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó que no aplicará ese protocolo en su territorio porque "criminaliza la protesta". El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció que las movilizaciones tiene que tener "cierto orden", pero opinó que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional "sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia".