Empresas y personas físicas quedaron vinculadas a maniobras de contrabando y lavado de activos luego de casi cuarenta allanamientos realizadas por la Policía Federal luego de que se emitiera una orden judicial.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas. Así, lograron dar con una red de firmas y personas física vinculadas entre sí, las cuales se dedicarían, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y, posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, para darle apariencia lícita.

Según lo informado por la autoridad judicial las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000. La Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes.

La investigación comenzó en noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.

Entonces, informaron a la Justicia que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

Tal organización se encontraba compuesta por al menos 45 personas y 19 empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores, notar que algunas firmas obrantes como exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “Empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Los investigadores pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados en la actividad ilícita, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA, y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. De ese modo, quedó al descubierto una organización criminal, con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, que cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de las personas implicadas y se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.