Un fiscal pidió este lunes a la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Paraná que revoque la condena que recibió un hombre por el encubrimiento del crimen de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, y se lo condene a prisión perpetua como coautor.

El pedido fue formulado en una audiencia oral por el fiscal Jorge Gamal Taleb ante la Cámara de Casación provincial, en la cual también solicitó que se confirme la condena a prisión perpetua que recibió en octubre del 2017 el otro de los condenados.

Gamal Taleb pidió esta mañana que se revoque la condena de cinco años que recibió Néstor Pavón (35) por el encubrimiento del crimen de Micaela y que se aplique la pena de prisión perpetua como coautor del abuso sexual y homicidio agravado de la adolescente, lo mismo que había recibido en el debate oral Sebastián Wagner (31).

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El pedido del fiscal coincidió con lo que solicitó la querella, representada por el abogado Jorge Impini, quien también pidió que se revise la condena que recibió Pavón en el debate. En tanto, los abogados defensores pidieron una reducción de la pena para Wagner y la absolución de Pavón.

Tras escuchar los argumentos de cada una de las partes, los integrantes de la Cámara Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti pasaron a un cuarto intermedio hasta el 19 de junio a las 13, cuando darán a conocer un adelanto de la resolución.

Durante la jornada que comenzó pasadas las 10 de este lunes, cientos de militantes del Movimiento Evita y diferentes agrupaciones sociales y políticas se manifestaron en las puertas de Tribunales en rechazo a la posibilidad de una reducción de las penas.

El fiscal Taleb afirmó que "hay múltiples indicios que acreditan que Pavón fue coautor, incluso la misma declaración de Wagner, donde dice que estuvieron juntos hasta las cuatro de la mañana y que ambos son responsables" del crimen de la joven.

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En conferencia de prensa, explicó que solicitó una "revocación de la sentencia" ya que posee pruebas de que "fue un hecho cometido por dos personas". Luego, el abogado Impini, que representa a la familia de Micaela, también pidió que se revise la condena a Pavón ya que lo consideran "coautor" del crimen, y aseguró que "hay pruebas indirectas que eran dos personas y debería ser condenado a prisión perpetua".

Por su parte, los letrados defensores de Pavón, Andrés Carabajal y Jorge Barreto, pidieron su absolución porque "no tuvo participación alguna". 

"Pavón fue condenado por encubrimiento pero no ayudó a Wagner a escapar, sino que le ofreció irse a vivir a otro lado, algo que le venía ofreciendo hacía meses", agregó Carabajal.

Según se determinó en el juicio, Micaela, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un local bailable con destino a su domicilio y fue interceptada por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes de violaciones, pero que estaba en libertad condicional.

El cuerpo fue hallado una semana después semienterrado entre pastizales cerca de la ruta nacional 12, en Gualeguay, y los forenses determinaron que la víctima había sido violada y estrangulada el mismo día en que había desaparecido.

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Wagner fue condenado por el Tribunal Oral de Gualeguay a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género".

Pavón, su ex patrón, recibió cinco años de cárcel por encubrimiento y el hijo de la ex pareja de Wagner, Ignacio Otero (21), fue absuelto.

Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero estaba en libertad condicional por orden del juez de Gualeguaychú, Carlos Rossi, a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial y la fiscalía desaconsejaron hacerlo.

A raíz de esto, el magistrado recibió ocho pedidos de juicio político, pero el proceso está en suspenso en la Legislatura de Entre Ríos debido a las continuas recusaciones de su defensa.

Por otro lado, se promulgó en enero último la "Ley Micaela", que obliga a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse en temáticas de género y violencia contra las mujeres.