Un fiscal de juicio pidió hoy absolver al primer jefe que tuvo la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, en el juicio que se le sigue, junto a otros nueve exefectivos de esa fuerza de seguridad.

Están acusados de integrar una asociación ilícita que en el año 2016 le exigía dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez y Saavedra.

El fiscal Fernando Fiszer también pidió la absolución del entonces comisario Guillermo Calviño.

Solicitó que sean condenados los otros ocho imputados, entre ellos, Susana Aveni, quien era la jefa de la Circunscripción VII, es decir la comisario que estaba a cargo de todas las seccionales de la zona.

Fiszer basó gran parte de sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16 porteño en las declaraciones del acusado Norberto Villarreal, quien estaba a cargo de la comisaría 35ta. y permaneció un año y medio prófugo.

El subcomisario es el único de los diez acusados que llegó preso al debate oral, a cargo de los jueces Gustavo Gonzalez Ferrari, Inés Cantisani y María Cristina Bertola de Umaño.

A Aveni la sindicó como la jefa de la asociación ilícita, a Villarreal como organizador y a los demás como integrantes.

Claudio Calabresi, abogado de Aveni, dijo que la acusación contra la excomisario inspector es una expresión del "patriarcado" y señaló que quieren "hacer cargo a una mujer que no tenía ningún tipo de poder".

Los otros imputados son los exsubcomisarios Hernán Antonio Kovacevich, Marcelo Stefanetti y Alberto José Codaro; y los subordinados Alejandro Daniel Malfetano, Adrián Paul Otero, Sergio Gabriel Ríos y Alberto Quiroga Marciano.

La causa comenzó por una denuncia anónima en 2016 que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villarreal en enero de ese año.

Tras la denuncia se abrió una causa penal que llevó adelante el fiscal de Distrito Núñez-Saavedra, José María Campagnoli.

Se allanó la comisaría, donde se encontró un cuaderno en el que supuestamente estaban registrados los pagos y se mencionaba a la DCG (Dirección General de Comisarías) y a la SSM (Superintendencia de Seguridad Metropolitana), por donde pasó Potocar, como reparticiones receptoras de los pagos.

En los comercios afectados se hallaron comprobantes de aportes a la "Asociación Amigos de la Comisaría 35", que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.

La Cámara del Crimen sostuvo en uno de sus fallos que el cuaderno "si bien tiene alto valor indiciario, no resulta concluyente a la hora de decidir un auto de procesamiento con prisión preventiva por la figura escogida".

También se cuestionó a Campagnoli porque no le había tomado declaración a los dueños de los locales supuestamente afectados ni había efectuado otras medidas.