155 femicidios y 9 transfemicidios fueron cometidos entre enero y julio de este año en el país, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

De acuerdo al informe elaborado sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, en 98 casos de los 164 registrados, el femicida era la pareja o la ex pareja de la víctima, mientras que en 19 casos, el asesino era un conocido o vecino, y en 14 fueron familiares.

En cuanto al lugar del hecho, el informe resalta que en 101 casos los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima.

Según el Observatorio, como consecuencia directa de los femicidios, 175 hijas e hijos quedaron sin madre, y el 63 por ciento de ellos son menores de edad (109 casos), mientras que 6 mujeres estaban embarazadas al momento del femicidio.

 121 de las víctimas tenían entre 19 y 50 años, mientras que en 16 casos eran menores de 18 años, 13 tenían entre 51 y 65 años y 11 superaban los 66 años.

Dentro de los casos registrados por La Casa del Encuentro, en 21 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia previa contra su agresor, de los cuales 10 tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.

El informe también detalla que en 21 oportunidades los femicidas se suicidaron. En 17 casos los asesinos eran miembros o exmiembros de una fuerza de seguridad.

Teniendo en cuenta la modalidad del hecho , 51 víctimas fueron baleadas, 28 apuñaladas, 25 golpeadas y 13 incineradas, donde en 12 oportunidades se pudo advertir indicios de abuso sexual sobre la víctima.

Los distritos con mayor índice de casos fueron: la provincia de Buenos Aires (54 casos), Córdoba (14 casos), Santa Fe (12 casos), Tucumán (12 casos) y Santiago del Estero (10 casos).

Ante el “altísimo índice de violencia de género en nuestro país”, La Casa del Encuentro recomendó la “plena aplicación” de la Ley Micaela y de los programas “Acompañar”, el cual brinda durante 6 meses consecutivos un apoyo económico a las mujeres y diversidades que se encuentren en situación de violencia por motivos de género.

La asociación civil instó al Estado a reforzar la protección de las mujeres y de las mujeres trans en situaciones de violencia “desde una mirada interdisciplinaria con un abordaje integral y federal“.