Una serie de allanamientos realizados por la Polícia Federal Argentina (PFA) clausuraron varios sitios donde funcionaban talleres clandestinos dedicados a la fabricación y comercialización de cuchillos artesanales con piezas de distintas especies de animales.

El operativo se ordenó tras una investigación que comenzó por una denuncia de autoridades del correo postal de la Ciudad de Sauce, Corrientes, quienes detectaron “el envío de grandes cantidades de astas de ciervo en una paquetería hacia domicilios de la Ciudad de Tandil y de Longchamps”, precisó el comunicado de la fuerza.

En el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Rurales y Ambientales de Mercedes, del Ministerio Público de la provincia de Corrientes, a cargo de Gerardo Humberto Cabral.

A través de diversas investigaciones, se logró dar no solo con los talleres ilegales en donde se realizaba la confección y armado de cuchillería artesanal y otros enseres con partes de fauna silvestre protegida, sino que también detectaron los canales de venta interprovincial por redes sociales, medios electrónicos y ferias, utilizados para la comercialización.

La fiscalía requirió formalmente al Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín José Vega, los allanamientos de los domicilios involucrados, logrando así librar exhortos a los Juzgados de Garantías 1 de Tandil y Juzgado de Garantías 4 de Lomas de Zamora, quienes en sus respectivas jurisdicciones convalidaron los allanamientos.

En la primera vivienda allanada, se logró dar con un taller clandestino en el que se encontraban “trabajando los investigados, lográndose la incautación de más de 2.500 piezas de recortes de astas de ciervo axis, pezuñas de ñandú y colitas de peludo o ´mulita´, como también una pata entera de ciervo”.

Por otra parte, en el otro domicilio había un taller de ensamblado de cuchillos con los cabos confeccionados con partes de fauna silvestre, y alí se logró secuestrar “unos 200 cuchillos y otros enseres con cabos armados con partes de astas de ciervos axis, colas de mulitas, patas de ñandúes y partes de cuernos de antílopes de la India, como también diez cuernos enteros del mismo animal”.

En ambos casos, el material incautado no contaba con documentación que “acredite la obtención legítima, menos en el caso de las mulitas, que por hallarse en peligro de extinción está prohibida su caza y la comercialización de productos y subproductos, quedando los responsables a disposición de la Justicia".

Están acusados del delito contemplado en la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre, estimándose que el valor del material incautado, en el mercado negro, ascendería a unos 7 millones de pesos.

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