Abusó sexualmente de una nena desde que ella tenía 4 años hasta que cumplió los 10. Se trata de un ex funcionario del municipio santafesino de Avellaneda, quien acordó una pena de siete años de prisión y el pago de una indemnización a la víctima, hoy mayor de edad, en un juicio abreviado en los tribunales de la ciudad de Reconquista, en el que admitió su culpabilidad.

Marcelo Galaz fue desvinculado de la municipalidad de Avellaneda en julio de 2021, cuando se conoció la denuncia de una joven que sufrió los abusos y que fueron reconocidos por el imputado en una audiencia realizada este miércoles ante el juez Santiago Banegas.

Además de la pena de 7 años de cárcel, Galaz acordó con la representación legal de la joven el pago de una indemnización de seis millones de pesos, de la que pagó la mitad.

El juez Banegas homologará el acuerdo el 29 de mayo, fecha en que Galaz deberá pagar la segunda cuota de la indemnización, ya que en caso contrario perderá lo abonado y será sometido a un juicio oral por los abusos.

El fiscal Juan Marichal había solicitado al momento de la imputación una pena de 32 años de cárcel y para posibilitar el acuerdo accedió a un cambio de calificación del expediente, eliminando el delito de promoción a la corrupción de menores y el grave daño a la salud de la víctima, entre otros.

A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número de determinado de veces.

Los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años. Fue hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre.

La víctima dijo en la audiencia de ayer que el Poder Judicial debe hacer una autocrítica "para que ninguna otra víctima sufra la revictimización" que ella sufrió. Apuntó contra el fiscal Aldo Gerosa, quien investigó los hechos en el inicio de la causa.

"Todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género", reclamó la mujer, quien ante el juez Banegas recordó la vigencia de la Ley Micaela.

Galaz era secretario del entonces intendente y actual senador nacional Dionisio Scarpín, quien al momento de la denuncia dijo que se trataba de una "situación increíble" y lo desvinculó del municipio. Se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la familia de la víctima.

El imputado fue dirigente de la Juventud Radical y docente en una escuela de Enseñanza Media para Adultos de Avellaneda, y permanece en libertad con restricciones, por lo que recién el 29 de mayo sería trasladado a una unidad penal.