El que mal anda... Cuatro años a la sombra para el abogado de Generación Zoe por estafa
Se trata de Gustavo Antonio de Jesús Saavedra, el abogado de la empresa cordobesa, quien admitió participar de las estafas y asociación ilícita que afectó a un total de 1.050 víctimas con la pérdida de dólares.
La Justicia de Córdoba condenó a cuatro años en prisión al abogado Gustavo Antonio de Jesús Saavedra luego de admitir su "responsabilidad y culpabilidad en los hechos" vinculados a la causa nombrada como "estafas reiteradas y asociación ilícita" dentro de la empresa Generación Zoe.
En la audiencia llevada a cabo, esta tarde, en los Tribunales de la ciudad de Villa María, la jueza de Control Soledad Dottori fijó la sentencia a cuatro años en la cárcel. Es el primer condenado de la causa vinculada a estafas piramidales liderada por el CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, detenido en República Dominicana, en abril del 2022, luego de permanecer prófugo.
En este caso, Saavedra —detenido el 12 de abril de 2022, en Ituzaingó— admitió la "responsabilidad y culpabilidad en los hechos", tal como lo anunció su abogado defensor Diego Julián durante la audiencia, a lo que "se preacuerda la pena a fijarse". En esos términos, la magistrada dictó el embargo de 38 mil pesos —dinero que contaba en el día de su detención— y su automóvil de marca Ford Ka.
Cabe destacar que el imputado recibió la condición de libertad condicional por estudiar desde la cárcel, y hasta podría recibir el beneficio de cese de prisión por estar ya condenado y por las chances netas de evitar la frustración del proceso, según estudian desde la defensa del incriminado.
La fiscal del caso, Juliana Companys, está a cargo de la investigación de 29 imputados vinculados a las más de 500 estafas a un total de 1.050 víctimas bajo el ofrecimiento de una buena tasa de interés a cambio de la inversión de dólares. Además de Cositorto, figuran los nombres de los directivos Maximiliano Batista y Claudio Álvarez; todos detenidos en la cárcel de Bouwer.
Companys detalló que hubo 176 damnificados que denunciaron las estafas, pero con más de 880 perjudicados que no presentaron cargos porque presuntamente "se trataba de dinero en negro" para la inversión. En ese sentido, la investigadora detalló que entre 2 y 15 millones de dólares fue el monto que recaudó la empresa con las estafas, la cual cerró sus puertas en la sede de Villa María por las decenas de acusaciones que surgieron conocido el caso.
La fiscal mencionó que "es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe", ya que "en algunos casos se nos hace imposible obtener información" al tratarse de cuentas establecidas en el exterior, y hasta con alianzas comerciales locales para depositar las inversiones de las víctimas, con la creación de 15 empresas satélites "que no eran fantasmas".