La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, resolvió que la Provincia no podrá ser parte de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Fue tras rechazar la apelación que había formulado el Fiscal de Estado a la resolución de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

La decisión fue adoptada por los camaristas Mirta Gladis Sotelo, Ramón Luis González y Selva Angélica Spessot, que cuestionaron la insistencia del Estado correntino para convertirse en querellante y por ende tener participación en la investigación del caso.

En los fundamentos, la Cámara sostuvo que Pozzer Penzo “ha brindado de manera detallada los motivos y razones, por los que -conforme su criterio- la parte apelante no reúne los requisitos legales para constituirse en parte querellante” y que la decisión de recurrir en apelación fue por “una mera disconformidad con la interpretación realizada por la magistrada y los fundamentos utilizados para rechazar el planteo, razón por la cual, éste no tendrá acogida favorable, pues la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada”.

Dejaron en claro que “teniendo en cuenta el delito que aquí se investiga, cabe considerar a los familiares directos (padres) de la víctima menor de edad, como particularmente ofendidos, quienes inclusive ya se encuentran constituidos como parte querellante en dichas actuaciones”.

Para los camaristas, “tampoco es posible entender que el Estado Provincial pueda erigirse como 'damnificado' en la presente causa, atento a que no se observa la existencia de un 'perjuicio concreto y real' que de algún modo permita colocarlo en dicha posición, resultando notoriamente insuficiente la mera circunstancia referida a la presunta existencia de un funcionario –dependiente del Poder Ejecutivo Provincial- involucrado en las actividades ilícitas investigadas”.

Consideraro. que tampoco “posee legitimación para intervenir -como lo sostiene- en razón de que el delito se habría cometido por un funcionario provincial, quién había ocasionado un 'grave deterioro en el normal funcionamiento de la función pública' y con ello afectado, el bien jurídico 'administración pública', cuya titularidad compete al Estado provincial”.

Tras dejar en claro que hasta ahora el único funcionario que aparece imputado es el comisario Walter Maciel, los jueces tomaron los argumentos de la asesora de Menores, quien alegó que “el Estado provincial, eventualmente, podría ser un posible demandado civil 'por la acción o inacción de todos sus dependientes'. Este Tribunal entiende que debe considerarse tal posibilidad, pues resulta inconcebible considerar que el Estado provincial pueda ocupar el rol de querellante -que pretende- y a su vez, posteriormente erigirse como el demandado civil por hechos de esta causa, pues tales roles resultan antagónicos en el desarrollo del proceso penal”.

Otro de los argumentos utilizados por el Fiscal de Estado para ser parte del proceso penal en el caso Loan fue la 'tutela reforzada' dirigida a los sectores más vulnerables, como lo son los menores de edad. 

“Pero en el caso sólo lo fundamenta en relación al menor víctima, cuyo paradero se busca, desatendiendo que existen otros niños que se encuentran afectados a esta causa, tales como los hermanos menores de la víctima e hijos de personas que se encuentran privadas de su libertad, sobre los cuales no se ha evidenciado ningún tipo de medida concreta por parte del Estado tendiente a su protección, para determinar si aquellos tienen cubiertas sus necesidades básicas y si se encuentran resguardados sus derechos, dada su condición de menores y personas vulnerables, más aun cuando la causa principal tuvo su inicio en sede provincial, sin que tales medidas hayan sido adoptadas”, dijeron los camaristas.

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