El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores es el encargado del veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, que llegará a su etapa final el 2 de febrero próximo. Sin embargo, ¿cuánto se sabe de los jueces a cargo de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años?

María Claudia Castro, es quien preside el magistrado interviniente del caso. Se trata de la mujer que hace 23 años fue parte del juicio por el asesinato de José Luis Cabezas, aquella vez como fiscal de instrucción.

Años atrás, había trabajado en el juzgado de José Luis Macchi, que instruyó la causa por el secuestro y homicidio del reportero gráfico, y para el debate oral de ese caso, que comenzó a fines de 1999, fue designada como parte de la fiscalía junto a otros dos colegas que lograron la condena a perpetua para todos los autores del hecho.

Desde entonces inició un extenso camino hasta llegar a presidir el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, que desde hace varios años también integran los jueces Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.

Castro tiene 54 años. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y egresó en 1992. Trabajó en la Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia y después recaló en el juzgado de Macchi.

Luego de varios años en desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal, Castro desembarcó en 2014 en el TOC 1, que fue sorteado para juzgar el caso Báez Sosa en mayo de 2021. 

En uno de sus últimos casos que adquirieron trascendencia en los medios de comunicación, la magistrada se encargó de dirigir, en abril del año pasado, el debate del juicio por jurados contra dos jóvenes que fueron condenados a perpetua por matar a Javier Ayuso, en 2017.

Rabaia, por su parte, tiene 47 años e integra el cuerpo desde hace más de tres. Egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2001 y en los primeros años de carrera se dedicó a la actividad privada, con un estudio propio en el municipio de Quilmes. Y desde 2005 empezó su recorrido en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Previo a su arribo en este tribunal, trabajó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)1 de Dolores junto a la fiscal Gabriela García Cuerva.

El tercer integrante a cargo del debate por el caso Báez Sosa es Lázzari, de 42 años, quien es el más joven de los tres. En su caso, llegó al Tribunal un año antes que Rabaia, en 2018, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esto se debe a que forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, que se utiliza para cubrir vacantes libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera de las instancias judiciales.

Lázzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores y compone la Red de Jueces Penales bonaerenses, que fue creada hace más de 22 años y se define como “una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”.

El magistrado fue, entre 2020 y 2022, uno de los miembros de la comisión revisora de cuentas de esa organización, que también tiene en sus filas a Castro, quien actualmente integra la Comisión Directiva, ocupando hasta 2024 el rol de protesorera.

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