Aunque resuene un abanico de posibilidades en cuanto a las distintas condenas que podrían recibir los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, lo cierto es que será el próximo de 6 de febrero, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores de a conocer el veredicto final sobre la pena que caerá sobre los rugbiers, en base al análisis de las pruebas desarrolladas a lo largo del debate oral.

El inicio de la audiencia de clausura está previsto para las 13 en la que los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari resolverán si Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi son “culpables” del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua, y que solicitaron tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados del particular damnificado que representa a la famillia de la víctima, y que está encabezado por el abogado, Fernando Burlando. 

“Todos hicieron todo. Todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando. Todos lo golpearon. Todos se turnaban”, coincidió la fiscalía como la querella, que señalaron a todos los acusados como co autores. 

Por su parte, la defensa de los rugbiers encabezada por Hugo Tomei, en sus alegatos solicitó la absolución, aunque planteó que, en caso de no ser concedida, se tenga en cuenta el homicidio simple con dolo eventual, el homicidio preterintencional o el homicidio en riña.

En caso que los rugbiers sean condenados por homicidio agravado, recibirán prisión perpetua, que en Argentina, según el código penal, consiste en 35 años de condena. Al cumplir dos tercios de ese período, de acuerdo con el artículo 13, el condenado puede solicitar la libertad condicional “previo a un informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Sin embargo, tras una reforma efectuada en 2017, el Código también establece, en su artículo 14, que hay algunos delitos, entre ellos el “homicidio agravado” (el que se les imputa a los rugbiers) que no habilitan dicha posibilidad.

Otra de las posibilidades que se baraja como una de las condenas posibles es la de homicidio simple con dolo eventual, que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión. 

En sus alegatos, el fiscal Gustavo García destacó la condición de “deportistas” de varios de los imputados e hizo hincapié en Máximo Thomsen. “Un deportista tiene un poder al patear. Si pega una patada en la cabeza, o varias, hay una intención de matar: tiene que saberlo. Y si continúa haciéndolo, no hay duda de que la intención fue de matar. La patada produce lesiones internas que son irreversibles”.

El homicidio preterintencional, es otra de las calificaciones que planteó Tomei, la cual prevé una pena de entre 3 y 6 años. Mientras que el homicidio en riña, constituye otro de los delitos variables que podrían enmarcar el crimen de Fernando Báez Sosa, aunque el menos probable por el material probatorio. Según el Código Penal vigente, tiene una pena de 6 años como máximo y 2 de mínimo. Los rugbiers llevan cumplidos tres años en prisión preventiva. En ese sentido: una pena intermedia significaría la excarcelación inmediata.

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